En Cataluña el choque fue entre la legalidad institucional (que prohibió la realización de un referéndum sobre independencia) y la legitimidad de determinada demanda social (que defendió el derecho a votar sobre un tema esencial, se estuviese a favor o en contra de la pregunta planteada).
Al final del domingo catalán, la inflexible puntillosidad jurídica de Mariano Rajoy y del poder judicial hispano fue política y socialmente derrotada, en un proceso que añade desgaste al citado presidente del gobierno español, siempre colocado en la precariedad política, y, en ironía histórica, le ha convertido en el máximo impulsor de la independencia catalana, involuntario padrino de los planes contrarios a él.
La aplicación estricta de la letra de la ley llevó al derechista gobierno español a hacer uso de la fuerza pública en términos que provocaron escándalo mundial, con más de 850 personas heridas o golpeadas, según el reporte de la Generalitat de la Comunidad Autónoma de Cataluña, en una explosión autoritaria que hizo recordar algunos momentos ligeros del franquismo. En Twitter, la escritora y palindromista @MerlinaAcevedo planteó de una forma certera e ingeniosa la postura política del gobierno de Rajoy: ““Para serles Franco, no los dejaré votar”.
El triunfo político de una demanda con legitimidad social (la de expresarse, votando, y asumir el cumplimiento de lo votado), sobre el entramado jurídico que Rajoy pretendió hacer cumplir, muestra la creciente distancia entre lo que proponen ciertas institucionalidades gobernantes (en este caso, el gobierno nacional español, enfrentado al gobierno autonómico catalán) y lo que las comunidades exigen y, más allá de ensoñaciones y retórica, son capaces de defender organizadamente.
El episodio tiene o debería tener un impacto especial en la amplia porción de la sociedad mexicana que continúa adormecida a pesar de las diarias evidencias de una vida institucional tóxica, que de manera sistemáticamente impune saquea el erario, remata la riqueza nacional, agrava la pobreza, se beneficia del crimen organizado al que protege y coloca a la población en constantes circunstancias mortales (socavones, construcciones inmobiliarias de mala calidad y regulación sobornada, por dar ejemplos recientes).
Por lo pronto, la vida pública mexicana va reinstalándose en los carriles prediseñados de las elecciones de 2018. Inició el presente año con una explosión de enojo social a causa de lo que se llamó “el gasolinazo”, con movilizaciones enérgicas en varias partes del país, en particular en el norte, pero el desbordado enfado original fue diluyéndose, sin liderazgos ni programa, hasta quedar en la nada.
En la cúpula del sistema se espera que algo parecido suceda con el extraordinario movimiento de solidaridad social que produjo el reciente sismo, sobre todo en la Ciudad de México. Volver a la normalidad, como ya se proclama (hasta musicalmente), debería ser una consigna inaceptable. La capital del país, y el país entero, no deberían volver a lo de antes, a lo mismo. Segmentos activos de la sociedad subieron de nivel su conciencia respecto a las causas de desgracias como las inmobiliarias y vieron claramente la incapacidad política y estructural de los gobiernos para responder a las comunidades en momentos de crisis.
Aún peor: la tragedia servirá de pretexto para contratación de endeudamientos (en Oaxaca, con olor a madruguete, el congreso ya autorizó que se contrate un préstamo por mil 200 millones de pesos, lo que hizo saltar de gusto a vendedores de departamentos de lujo en Nueva York), manipulaciones electorales (venta muy anticipada del voto), cierre de pactos con grupos empresariales de alto nivel (el fideicomiso Fuerza México, concentrador de todas las donaciones y fondos para “reconstrucción”) y la recolocación financiera y mediática del proyecto de bipartidismo extendido (ya no sólo PRI y PAN, sino, ahora, éste partido más PRD y Movimiento Ciudadano).
Con José Antonio Meade como la bisagra más viable para que el PRI postule a un candidato presidencial que pueda ser aceptado por los principales grupos del panismo, en el llamado Frente Ciudadano por México se libra una ambiciosa batalla por la postulación principal: en caso de que la candidatura priista no prendiera, a causa de que el abanderado no “creciera” lo suficiente para darle cierto barniz de credibilidad a una imposición electoral, o que en el curso de la campaña surgiera algún escándalo de dimensiones demoledoras, la opción B (el citado Frente: PAN, PRD y MC) estaría más que puesta para avanzar en el juego de la simulación opositora. Y, si el PRI consiguiera la continuidad en Los Pinos, esa oposición pactada obtendría pagos en cargos del gabinete, gubernaturas y otros premios.
Ayer, en esa pelea cerrada por encabezar la opción B, tres aspirantes demandaron que haya una elección de candidato presidencial entre la población abierta. La maniobra pretende sustraer la postulación presidencial frentista de los esquemas estructurales que, hasta ahora, controlan Ricardo Anaya en el PAN y Miguel Ángel Mancera, es decir, Alejandra Barrales, en el PRD.
Margarita Zavala ha sufrido una creciente disminución de sus expectativas ante el avance del proyecto anayista volcado en la construcción del citado Frente, que el queretano cree dibujado para que él sea el abanderado en 2018. A Zavala le queda menos de una semana para definir si se postula por la vía “independiente” o se aguanta a lo que resulte del famoso frente. Rafael Moreno Valle, por su parte, juega solo para ver qué compensación consigue, sobre todo, la candidatura de su esposa a la gubernatura de Puebla, en otro proyecto político conyugal. Silvano Aureoles es otro apostador sin fondos: no tiene ninguna posibilidad de ser candidato presidencial (podría optar por aplicarse a ejercer otro cargo: el de gobernador de Michoacán), pero espera bonificaciones por no estorbar. ¡Hasta mañana!
