El escándalo internacional por el espionaje de la Agencia Nacional de Seguridad norteamericana sobre instituciones de diversos países, entre ellos México, refleja la magnitud de una práctica más extendida de lo que se dice. La organización civil especializada, Derechos Digitales, aseguró en mayo pasado que “el espionaje digital es una práctica común en América Latina. Los gobiernos de Brasil, México, Colombia, Chile, Ecuador, Honduras y Panamá compraron y usaron el software de espionaje más intrusivo … que permite acceder a una computadora o a un celular como si fuera el mismo usuario. De esta manera se interceptan fácilmente todo tipo de contraseñas, contactos, correos electrónicos, llamadas, conversaciones de Skype, lugares visitados de internet y toda información almacenada en los dispositivos.”
El cliente regional más importante es México. Por lo menos desde hace un par de sexenios el gobierno ha contratado los servicios de empresas especializadas en la recolección de datos bajo el argumento de detectar criminales. En septiembre de este año se supo de una segunda compra grande de equipo y el software “más sofisticado en el mercado y capaz de escuchar, ver, capturar texto, imagen y contactos de cualquier teléfono inteligente.”
Las fuentes agregan: “La absoluta mayoría de instituciones mexicanas que compraron con dinero público el software de espionaje carecen de permiso legal para interceptar comunicaciones privadas y acceder a dispositivos electrónicos. Su uso es contrario a los estándares legales y viola el derecho a la privacidad, a la libertad de expresión y a su debido proceso.”
Estamos bajo el microscopio. O dicho más apropiadamente: espiaron al espía que espiaba a nuestro propio espía.
