Hace 8 meses una madre publicó una petición en Change.org para que diversas autoridades, incluida el Consejo Nacional Para Prevenir la Discriminación, intervinieran en el caso de su hijo de 4 años, a quien le habían negado el acceso a la escuela privada, en la que estaba inscrito, por el hecho de portar su cabello largo. Para la madre, la negación del acceso a la educación, por parte de la institución, se basaba en un estereotipo de género.
Posterior a la radicación de la queja, el CONAPRED emitió la resolución a inicios de mayo, en la que se constató la imposición desproporcionada de la sanción al menor con motivo de su imagen personal, negándole su derecho humano a la educación y que el reglamento se basaba en estereotipos de género ya que solo las niñas por el hecho de ser niñas podían llevar su cabello largo. Además formuló que la escuela deberá pagar 96 mil pesos y adaptarse a lo establecido en nuestra Carta Magna.
El caso generó un debate interesante con posturas en pro y contra. Desde cierta perspectiva podría parecer que ante este tipo de fallos se desvanece la seguridad jurídica cuando se trata de contratos particulares, y que las escuelas privadas ya no podrían establecer sus propias normas o fijar criterios para crear modelos educativos.
Además se podría alegar que si la madre/padre inscribe a su hijo a una escuela privada, y paga, acepta las reglas de la institución; sin embargo esto va más allá de un asunto entre particulares regidos por un contrato privado. Es más una cuestión de la garantía de derechos humanos, en particular del derecho a la no discriminación, y la educación, estipulados en la Constitución.
El debate demuestra que a 5 años de la reforma constitucional estamos poco acostumbrados a analizar estas cuestiones a la luz de los derechos humanos. Que no puede más el goce del derecho a la educación que un contrato.
El CONAPRED no cuestionó en sí la imposición de reglas, sino únicamente aquellos aspectos que tienen que ver con la discriminación por cuestiones de género. Ciertamente la creación de reglas y normas, y sobre todo su respeto (Cultura de la Legalidad), son indispensables para la convivencia humana. No es que aquí se haya enseñado a pasar por alto las reglas. Sino de inconformarse para cambiar aquellas que, aunque legales, violan los derechos humanos.
Así pues las lecciones del pequeño Axan. Puede ser que este caso no se cierre aquí; incluso la propia escuela podría ampararse contra esta decisión del CONAPRED. Lo cierto es que casos como estos, nos demuestran la utilidad de estas instituciones y que los Derechos Humanos no son un discurso, sino un goce, un ejercicio y una realidad.
