El Consejo General del Instituto Nacional Electoral desahogó algunos procedimientos que son parte de los requisitos para obtener una candidatura independiente a una diputación (número de firmas, distribución y fiscalización) con lo que avanzó la candidatura de 39 aspirantes.
El INE estableció sanciones por 1 millón 61,478.41 pesos a aspirantes a una diputación independiente como consecuencia de irregularidades en la rendición de cuentas de sus gastos y egresos, este dinero —al igual que con los partidos— se destinará al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, según indica la ley electoral.
Sin embargo, el acuerdo que no pasó fue el relacionado con los candados para que los omisos a entregar el informe de fiscalización se les suspenda el derecho a postularse como candidatos en las próximas dos elecciones.
Con votación divida, consejeros consideraron que la medida es excesiva, sobre todo en el caso de los aspirantes que desistieron una vez que acabó el periodo de recolección de firmas y que el proyecto también preveía sancionar, a pesar de que así lo marca el Reglamento de Fiscalización con el que se rige el Instituto.
Al final, el Consejo del INE se inclinó por flexibilizar la medida, por lo que la prohibición no prosperó.
El proceso para los independientes tiene dos vertientes. Por un lado, los aspirantes deben buscar apoyo ciudadano a través de la aplicación y enviarlo al INE, esta parte se desahoga a través de la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos, que trabajó de la mano con la Dirección Ejecutiva homónima y con el Registro Federal de Electores.
En este punto, de los 187 aspirantes a una diputación que recibieron el aval del INE para recabar apoyo ciudadano, de manera preliminar 65 habían logrado el número de firmas y distribución —uno lo hizo con papel, los otros 64 a través de la aplicación del INE.
Una vez que el Instituto verificó una muestra de lo que los independientes informaron, 28 registraron más de 10% de inconsistencias en las firmas que enviaron, por ende la autoridad electoral informó que a estos aspirantes se les revisó firma por firma.
Luego de la revisión, 23 de ellos fueron bajados de la carrera porque las firmas válidas no les alcanzaron, de los cuales 14 son de la Ciudad de México.
En los casos de la expanista Luisa María Calderón, quien compite por el distrito 10 de Michoacán, Iris Paola Gómez de la Cruz, que ya tiene un pie adentro para volverse candidata del distrito 4 de Guerrero y Daniel Altafi Valladares, por el distrito 1 de Morelos, así como Juan Jesús Antonio Manzur, por el 8 de Tamaulipas, y Raúl Guajardo Cantú por el 12 de Nuevo León, también vieron una revisión a sus apoyos, pero los registros irregulares no fueron suficientes para que perdieran la posibilidad de una candidatura a una curul de San Lázaro.
El segundo paso es el requisito que marca la ley sobre el informe de fiscalización; 185 de 187 aspirantes se inscribieron al Sistema Integral de Fiscalización, sin embargo, de los 40 que tenían firmas y distribución, uno de ellos no cumplió con el informe.
Víctor Manuel Escobar Sánchez, aspirante para el distrito 8 de Baja California, juntó más de las firmas que requería la candidatura, no obstante, no estará en la boleta al no haber informado de sus gastos y egresos.
“Hoy no estamos aprobando el registro, hoy estamos validando los apoyos (…) todavía no estamos otorgando el registro”, manifestó el consejero presidente, Lorenzo Córdova.
Agregó que, luego de conocer la fiscalización, “tendremos que pasar por un proceso que culminará, insisto en ello, el próximo 29 de marzo. Hasta entonces sabremos con precisión quiénes aparecerán en las boletas electorales y podrán contender por un cargo de elección popular”.
FUENTE/ EL ECONOMISTA
