De la Redacción
QUINTANA ROO HOY
La Procuraduría General de la República (PGR) podrá intervenir las comunicaciones de carácter privado sin tener la obligación de demostrar -al Juez de la causa- que la persona sospechosa pertenece al crimen organizado.
Los legisladores aprobaron en la Cámara de Diputados esta nueva disposición, pero aunado a estas modificaciones, las autoridades federales ya cuenta un archivo prácticamente de todos los ciudadanos que usan la telefonía celular.
La legislatura anterior aprobó que las empresas de telefonía móvil mantengan en resguardo todas las comunicaciones de los ciudadanos dos años atrás, de tal suerte que las autoridades podrán solicitar el contenido de las conversaciones.
Ahora pueden requerir, también, una conversación con minutos de diferencia, archivos de audio o video que haya compartido a través de su equipo, conversaciones en plataformas de mensajes de texto, incluyendo WhastApp, Facebook, Twitter, correo electrónico, entre otros.
Apenas esta semana, los legisladores explicaron que esta medida pretende disminuir el número de delitos que se consideran de “alto riesgo” como lo son la delincuencia organizada, contrabando y narcomenudeo, por ejemplo.
Las nuevas disposiciones que aprobaron los legisladores federales establecen que en menos de dos horas el juez debe aprobar, o no, la intervención telefónica —en tiempo real— de los ciudadanos con posibles indicios en la práctica de delitos federales.
Aunado a esta nueva disposición, los agentes de investigación podrán realizar seguimiento de personas con una identidad, por lo que el sistema federal deberá emitir los documentos de identificación para este efecto.
Entre las modificaciones realizadas, la figura del arraigo quedó firme, sólo con la condición de que la ampliación de esta figura podrá duplicarse sólo una vez, es decir, un presunto delincuente podrá ser arraigado por no más de 80 días.
Fuente: La Silla Rota
