En teoría, el estado de Quintana Roo, nace como libre y soberano, con plena independencia entre los poderes que lo integran: Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Y digo en teoría porque en la práctica tanto el judicial como el legislativo estaban sometidos al Ejecutivo.
Tanto así que como sociedad nos acostumbraron a una dictadura disfrazada de democracia. Llegando a casos como en el periodo de Félix González y Roberto Borge. En donde los Magistrados eran impuestos por los dictadores en turno a su modo y conveniencia. Y estos a los jueces, era todo un sistema sin equilibrio; esta falta de pesos y contrapesos propicio los casos de despojos en Tulum que la Junta de Conciliación y Arbitraje inventó procedimientos laborales para que de manera arbitraria se les arrebatara el patrimonio a los hoteleros. La fabricación de delitos por parte de la Procuraduría respaldados por los jueces penales aun sin elementos.
El Consejo de la Judicatura del Poder Judicial nada hacía y constituía un adorno más, pues pese a las denuncias ningún magistrado fue sancionado. La Justicia no era ni pronta ni expedita para los enemigos y para los amigos les concedían la absoluta impunidad.
Las cosas no eran diferentes en el poder Legislativo, pues son quienes tienen a su cargo la revisión de cuentas públicas, asignación de presupuesto o llamar a cuentas a los otros poderes, sin embargo, pese a todo lo que se veía y que hoy se ha comprobado con las denuncias, no hubo objeción en aprobar las cuentas irregulares. Nunca llamaron a comparecer a los secretarios de estado como el de la Gestión Pública por la falta de sanción a los funcionarios. Y claro, cómo olvidar a la XIV Legislatura y su aprobación del paquete de impunidad y blindaje a Roberto Borge y sus cambios de sede.
No solo eso, los diputados anteriores nunca advirtieron los conflictos de intereses en los nombramientos, como por ejemplo, cuando nombraron Magistrado del Tribunal Administrativo a César Cervera Paniagua, esposo de una de las diputadas, es decir de Judith Villanueva, quien con absoluta desfachatez ni siquiera se abstuvo en la votación.
O cuando nombraron como comisionada de Atención a Víctimas a Karla Rivero, quien es esposa del que en ese momento fungía como subprocurador, José Nieto, y nadie se opuso a ello.
Las “entrevistas” se realizaban a puerta cerrada, se ratificaban favores políticos como cuando nombran a Cinthia de la Torre como comisionada del IDAIPQROO como regalo de bodas con Nabil Eljure, quien era en ese momento secretario particular del diputado Luis González Flores, (tío de Félix) pese a que en su experiencia profesional y preparación no cubría ni el 10% del perfil requerido (actualmente lleva más de 10 años en el cargo).
Hay que reconocer que si bien es cierto no tienen que estar en oposición constante los poderes no puede ninguno de ellos ser servil a otro. Mucho se menciona sobre los cambios en esta nueva etapa y bien el respeto a las autonomías es una de ellas.
No pretendo ahondar en nombramientos un tanto cuestionados por esta Legislatura, sino que debemos ver las diferencias. Todas las entrevistas para auditores fueron transmitidas en vivo en por diversos medios sin que mediara la opacidad. Las convocatorias fueron publicadas y las inscripciones abiertas.
Las decisiones o la votación en la elección son aspectos que hoy se pueden cuestionar a los legisladores y tomar los elementos y realizar una crítica a favor o en contra.
El primer informe de Carlos Joaquín fue un hecho que no se había dado, pues acudió a rendir cuentas al Congreso en su calidad de gobernador a los representes de los ciudadanos. Escuchó todos los posicionamientos de las diferentes bancas, reafirmó su compromiso de que los integrantes de su gabinete acudirían a comparecer para mayores aclaraciones.
El Congreso citó a varios del gabinete y sus comparecencias fueron transmitidas en tiempo real, así como los comentarios de los ciudadanos en las redes no fueron censurados.
Sin embargo, seguimos tan acostumbrados a un sistema dictatorial que ante las decisiones del Legislativo se sigue culpando al gobernador. O ante las acciones del Tribunal Judicial se pide la intervención del Ejecutivo para la toma de decisiones.
Nada de eso, la división de poderes crea una autentica rendición de cuentas. Como ciudadanos lejos de exigir la intervención del gobernador, debemos analizar la importancia que tienen los legisladores en el momento de emitir un voto, debemos pedirles cuenta de sus acciones. Pese a que las sesiones son transmitidas en vivo, es una lástima que nunca exceda de 200 visitantes, pues si consideramos que somos casi un millón de ciudadanos quintanarroenses mayores de edad, esto nos demuestra una apatía en estos temas.
El gobernador ha demostrado que está a favor del respeto de la autonomía de los poderes, el Legislativo (no todos) están asumiendo su responsabilidad como representantes del pueblo, falta que el Judicial asuma el papel imparcial que le corresponda. Pero, lo más importante en este momento como sociedad es, ¿qué estamos haciendo para corregir el rumbo?, si la respuesta se limita a críticas en redes sociales, tenemos aún un amplio camino por recorrer. Una ciudadanía informada y con rendición de cuentas evita los abusos del poder. No hay cortinas de humo para quien se preocupa por el buen rumbo de su estado.
Las comparecencias de los secretarios ante el Congreso son un gran avance en términos de la democracia y transparencia, pero ¿realmente estuvieron los legisladores a la altura de la circunstancias?, ya existe la reelección inmediata así que vale la tema darle seguimiento a su trabajo legislativo para que dejemos de tener diputados que están en el encargo como requisito para una presidencia municipal. Exijamos profesionalismo e independencia.
