Todo pareciera indicar que la marcha masiva peninsular de la que taxistas de Quintana Roo fueron partícipes, el pasado martes, rindió sus frutos… o algo así quiere hacerles creer –maliciosa y engañosamente- la Secretaría de Infraestructura y Transporte (Sintra), ahora bajo la dirección del recién nombrado Jorge Portilla Mánica.
El funcionario, quien mantiene una muy estrecha relación con el gobernador Carlos Joaquín González, declaró el mismo día de la manifestación taxista que Sintra continuaría con los operativos para detener a las unidades de Uber, que gracias a las modificaciones que se realizaron a la Ley de Tránsito y Transporte y Explotación de Vías Carreteras de Quintana Roo durante los últimos días de administración del desaparecido Roberto Borge Angulo, siguen operando en la ilegalidad.
Ayer mismo, Portilla Mánica reiteró –en reunión con líderes taxistas del estado- que la dependencia que dirige no cesará con la detención de vehículos de la empresa transnacional que hace un par de semanas entró al estado a prestar sus servicios, puntualizando que ello se llevará a cabo mientras no se encuentre reglamentado. Ello significa que –para menoscabo de los ‘amos del volante’- será hasta que la nueva Legislatura del Congreso del Estado suprima o modifique el famoso Artículo 31 bis, cuando los depredatorios operativos de Sintra dejen de montarse.
¿Y para cuándo será eso?, preguntará usted. Y yo le responderé que un amigo mío, socio de Uber, me obsequió el dato de que en el interior de la empresa se ha avisado a los socios quintanarroenses que las arbitrariedades continuarán hasta aproximadamente dos semanas; es decir, que probablemente sea hasta ese plazo cuando el Congreso realice las pertinentes modificaciones a la ley de transporte estatal, por lo que los días de algarabía de los taxistas y líderes sindicales ya tendrían fecha de caducidad.
También me fue murmurada la posibilidad de un amparo federal por parte de la compañía estadounidense, misma que le otorgaría también la libertad de prestar sus servicios sin obligar al gobierno estatal a “ensuciarse las manos”, y decirle así al gremio taxista que “se hizo lo que se pudo”, pero la competencia ahora sí es legal y tendrán que “chingarle” –como diría “El Negro” Araiza- sí o sí.
Lo anterior no parece nada descabellado, considerando que Sergio González Rubiera, quien en ese entonces fungía como encargado de la cartera de Transporte en el equipo de transición del ahora gobernador constitucional, aseguró que el mismo Joaquín González ‘vio con buenos ojos’ la llegada de Uber al estado.
Los que no verán con tan ‘buenos ojos’ el inminente veredicto a final a favor de Uber, serán –definitivamente- los líderes sindicales, quienes tendrán que aceptar que las dádivas y privilegios que gozaban por su ‘compadrazgo’ con el PRI local, se han esfumado.
