Como dicen los expertos: cada quien sabrá cómo la usa. Las posibilidades de expresión pública y libre están de regreso en Quintana Roo, como un derecho respetado, a partir del relevo de gobierno. Un hecho que sería mezquino regatear como un gran aporte del cambio, independientemente de lo que cada quien espere del mismo y de la evaluación particular que se haga sobre las nuevas circunstancias.
Los derechos y las libertades se llegan a apreciar de una manera distinta, tal vez más intensa, cuando se pierden. En no pocas ocasiones, a pesar del reconocimiento constitucional de los derechos y del respeto formal que se les brinda de dientes para afuera, existen casos muy identificables en los que la autoridad los violenta con toda impunidad.
En esos casos, la ley mordaza no sólo se aplica con presiones y amenazas, sino que se presentan situaciones extremas de silenciar con la muerte. Lo dicen las estadísticas. Sucede con mayor frecuencia en unas regiones que en otras pero al final, el dato global como país nos desfavorece.
De acuerdo con un informe de la UNESCO, México ocupa el quinto lugar en un listado de los países más peligrosos para ejercer el periodismo. En el mismo sentido, América Latina es la segunda región más peligrosa después de los países árabes. Y según la clasificación mundial de la libertad de prensa realizada por Reporteros Sin Fronteras, nuestro país es el más riesgoso para la libertad de expresión en el continente.
En ese contexto, Quintana Roo tuvo conculcada la libertad de expresión durante varios años. Su control funcionó bajo amenazas, presiones y cañonazos obregonistas de dinero público. El cambio de gobierno ofrece una apertura que ahora es visible y deberá ser aprovechada con justeza.