Lo que ocurrió esta semana en Cancún no es de menor importancia: Airbnb, la plataforma dedicada al negocio del alojamiento firmó un protocolo con el Gobierno del Estado de Quintana Roo para el cobro del impuesto al hospedaje.
Se legaliza así una herramienta que hasta ahora era vista por los hoteleros como una competencia desleal, por su accesibilidad, por su libertad de precios y porque no pagaban los impuestos correspondientes.
Airbnb es el Uber del hospedaje, para que me entienda más fácilmente. Su éxito radica en ofrecerte tener la experiencia de un local, de un residente de la ciudad donde decidas vacacionar.
Opera en 191 países en el mundo y ofrece más de 65 mil destinos.
El dueño del espacio, ya sea cuarto, departamento o casa, sube fotos y la descripción de su propiedad, sus condiciones (número de personas, estadía mínima, etc) y la tarifa que cobra por noche.
El vacacionista interesado escoge la propiedad y contacta personalmente con el arrendador, sin intermediarios, en ocasiones este mismo actúa como guía de turistas. El formato revolucionó el mundo del hospedaje y su éxito fue inmediato.
Inmediatas también fueron las quejas de los hoteleros establecidos, quienes condenaron su informalidad y la calificaron como competencia desleal, pues ellos deben pagar impuestos, insumos, personal y mantenimiento
Airbnb entendió que para seguir operando debe apegarse a la ley y recientemente comenzó su acercamiento con más autoridades de los principales polos turísticos del país y América Latina, para competir bajo las mismas reglas que los negocios establecidos. Quintana Roo fue el segundo destino de México en firmar con ellos. El primero fue la Ciudad de México.
En la entidad existen seis mil 200 anfitriones agrupados en esta plataforma, que representan 10 mil cuartos que se ofertan en esta modalidad.
Todos ellos se comprometen a pagar el tres por ciento del Impuesto al Hospedaje a partir del 1 de octubre.
Este gravamen representará el ingreso de un millón de pesos mensuales a las arcas del estado.
