Cada 28 de septiembre que se conmemora el día por la Despenalización del Aborto, existe un compromiso para México y los gobiernos latinoamericanos de recordarles que seis mil mujeres mueren al año por complicaciones de abortos, por lo que este día como parte de un movimiento legal por la salud para no morir, el tema central siguió siendo el derecho a una interrupción segura, ya que su penalización como negativa a proporcionar a muchas mujeres y niñas un acceso adecuado a los servicios para la interrupción de su embarazo no resuelve nada, y si en cambio fomenta una discriminación basada en el sexo sin que con ello se reduzca el número de estas prácticas que se realizan, y en cambio aumentan más los riesgos de su salud al acudir en busca de servicios inseguros.
Mujeres en Red periódico feminista menciona que la cifra anual de abortos que se practican en Brasil, Colombia, Mexico, Perú y República Dominicana asciende a 2.8 millones, y en toda la región la suma incrementa a más de cuatro millones, y al día deben de estarse realizando 55 mil abortos inseguros en el mundo, 95% en países en vías de desarrollo, los cuales son responsables de una de cada ocho muertes maternas. Al igual menciona que mundialmente por cada siete nacimientos que se lleva a cabo, un aborto inseguro es inducido en forma clandestina y condiciones inseguras volviéndose la causa de una de cada tres muertes maternas en la región y de aproximadamente 800 mil hospitalizaciones por año.
De acuerdo con cifras del Instituto de Mujeres del Distrito Federal (INMUJERESDF), en la Ciudad de México, de abril de 2007 al 24 de agosto pasado, 117 mil 392 mujeres han sido atendidas en los servicios de ILE y en la defensa y promoción de sus derechos reproductivos, ya que en la capital se puede abortar legalmente desde el 24 de abril del año 2007, es decir, se puede interrumpir el embarazo de manera libre para la mujer hasta la 12 semana de embarazo como un derecho de ellas reconocido; en cambio para evitarse esta misma conquista en otras entidades del país, desde entonces algunos de los 32 estados comenzaron a modificar sus leyes estableciendo la protección al derecho a la vida desde su concepción.
Quizá no estemos de acuerdo en ello, pero considero que el rechazo a una penalización no debiera significar el enaltecer su práctica sino el que se buscara resolver, el complejo problema social que no solo limita a cambios en las legislaciones sino en el que se comprendiera que al establecer un sistema administrativo no burocrático para los trámites de las solicitudes de interrupción e información, lograría que a las mujeres se les permitiera buscar servicios médicos adecuados donde atenderse; por lo que seguro estoy que prontamente nuestro nuevo Congreso de Diputadxs jóvenes trabajara para reconocer este derecho.
