El sismo del pasado 19 de septiembre dejó al descubierto o resaltó:
1- La incapacidad de los gobernantes para vincularse de manera auténtica con la población: estructural, operativa y físicamente distantes e incluso repelidos por sus presuntos gobernados, sólo presentes en auditorios controlados o en escenografías mediáticas. El jefe del gobierno capitalino, Miguel Ángel Mancera, rebasado, frío, sin conexión con la gente. Enrique Peña Nieto, muy activo en términos propagandísticos y ceremoniales, pero incapaz de poner pie en serio en territorio abierto. Secretarios de Estado y gobernadores de Oaxaca, Puebla, Chiapas, Guerrero y el Estado de México, en similares tareas de simulación, con el de Morelos, Graco Ramírez, y su esposa, en la cresta del oportunismo, la marrullería electoral y el consiguiente rechazo social.
2- La vigorosa disposición de amplios segmentos de la sociedad para sustituir o complementar a los gobiernos, dada la ineficacia de estos. Ejemplar y alentadora resultó la irrupción, en tareas de búsqueda, rescate y aprovisionamiento, de jóvenes de la franja generacional conocida como millennials, a quienes se tachaba de vivir embebidos en lo tecnológico y tener poca proclividad a tareas de índole colectiva y social. En general, y particularmente en la Ciudad de México, buena parte de la sociedad se volcó a ayudar, con una generosidad contrastante con los pasajes más oscuros de este México en grave crisis.
3- La corrupción institucionalizada como factor que potencia los efectos de los desastres naturales y que suele derivar la generosidad popular y los fondos para reconstrucciones y ayudas hacia cuentas de poderosos, tanto políticos como empresarios. En la Ciudad de México, los daños inmobiliarios están relacionados con la voracidad e irresponsabilidad de muchos constructores y con el sistema corrupto de autorizaciones y concesiones por parte de autoridades del gobierno central y los delegacionales. Además de ese tipo de corrupción, en varios estados y en la capital del país se ha autorizado endeudamiento público “para la reconstrucción”, lo que será preciado botín para bolsillos particulares y para clientelismo electoral en 2018.
Y, 4- La urgencia de cambios profundos en el sistema político, las leyes (en especial, respecto al destino de las donaciones y la responsabilidad de constructores y funcionarios) y las formas de participación social. El sismo, y la necesidad de cuantiosas sumas para enfrentar sus consecuencias, pusieron de manifiesto el despilfarro de dinero público para partidos y elecciones, llevando al PRI a proponer la privatización de la política y a los demás partidos a secundar, en otros porcentajes, la moción envenenada del tricolor. Personajes como Mancera (especialmente él), Claudia Sheinbaum y Ricardo Monreal frenaron el curso de sus proyectos electorales ante la natural exigencia de concentrarse en sus responsabilidades actuales. Algo cambió de fondo en el ánimo nacional, después del sismo, pero aún no tiene cauce ni forma colectiva; tampoco hay indicios confiables respecto al sentido que ese nuevo ánimo tomará ante las urnas el año próximo.
En otro tema: Ricardo Anaya Cortés, presidente nacional del PAN y principal aspirante a la candidatura presidencial del Frente Ciudadano por México, declaró ayer la guerra contra la guerra contra el narcotráfico que desató Felipe Calderón en 2006. “Nosotros somos los que hemos fallado al Ejército, al encomendarle tareas que no le corresponden”, declaró el ampuloso dirigente de Acción Nacional durante un encuentro “con ciudadanos”. Añadió Anaya: “la guerra no hace la paz”.
Los señalamientos del queretano constituyen una reacción a la embestida del consorcio FelYMar (Felipe y Margarita). Esa embestida ha desgastado, sobre todo en términos mediáticos, la figura del dirigente panista, quien ha maniobrado sin remilgos para deshacerse del grupo calderonista e instalar su propia candidatura presidencial a nombre del frente mencionado.
En ese frente ya hay un ganador: Dante Delgado (como en otro ámbito lo son Alberto Anaya y el Partido del Trabajo, gracias a su alianza con Morena). El propio nombre de la coalición partidista denota las concesiones que hacen los partidos “grandes” (el PAN, sin el calderonismo, y el PRD, sin el lopezobradorismo) para ganarse el voto “bisagra” del Movimiento Ciudadano (antes llamado Convergencia). Originalmente, PAN y PRD habían hablado de Frente Amplio Opositor y Frente Amplio Democrático, pero terminaron cediendo a los alegatos en pro de un aire “ciudadano” (como dice ser el MC) y la denominación final es la de Frente Ciudadano por México (FCM).
Son varios los factores preocupantes en la economía nacional, más allá de las obligadas declaraciones semioptimistas de altos funcionarios públicos y del manejo mediático a través de fantasiosos boletines de prensa. La cámara de diputados aprobó ayer, en lo general, la ley de ingresos que se aplicará el año venidero y, en ese acto, quedaron plasmados los riesgos de un nuevo gasolinazo, como el que a inicio del presente año desató turbulencias sociales en varias partes del país, y de ajustes en el Impuesto Sobre la Renta a personas físicas, conforme avancen los índices de inflación. En el esquema volátil también debe apuntarse el curso casi agónico de las negociaciones sobre el Tratado de Libre Comercio. El último día de noviembre, además, dejará Agustín Carstens el Banco de México y su relevo tendrá como telón de fondo las definiciones respecto a la candidatura presidencial priista.
Y, mientras la Comisión Nacional de Derechos Humanos ha rendido un informe sobre las responsabilidades de la Policía Federal en las agresiones mortales contra pobladores de Nochixtlán, Oaxaca, aunque quien era el jefe de esa corporación, Enrique Galindo Ceballos, sigue sin ser sometido a proceso por dichos actos (incluso, después, buscó ser candidato priista a gobernador de San Luis Potosí, y ahora busca la postulación a senador), ¡hasta el próximo lunes!
