SOLIDARIDAD, Quintana Roo.- La intensión de la presidenta con licencia, Cristina Torres Gómez, de revocar la concesión en el servicio de agua potable y alcantarillado a la empresa Aguakan, se vio opacada por el desinterés de la gente al no participar en la consulta pública y ello podría invalidar el resultado de este ejercicio democrático.
Y es que, al no haber participado ni siquiera el uno por ciento de la población, podría ser motivo de invalidez.
El gobierno municipal lleva un proceso para revocar la concesión a Aguakan, misma que obtuviera en la pasada administración municipal.
Fue por ello que el pasado 26 y 27 de marzo se realizó la Consulta Pública, a fin de que la ciudadanía participara sobre este tema.
El 28 de marzo, el notario público número 34, Juan Abundio Martínez Martínez, dio a conocer el resultado de la encuesta en la que únicamente 349 personas se pronunciaron en contra de la continuidad de la empresa privada.
En esta consulta podían participar los más de 90 mil clientes que cuentan con contrato, así como quienes no cuentan con el contrato.
En ambos casos, ni los titulares de estos contratos ni terceros, se interesaron por la decisión que pudiera tomar el gobierno municipal, con respecto a dicha revocación.
Y es que, en dicha consulta, los resultados indican que sólo el 0.18% de los 90 mil 962 clientes de Aguakan votaron a favor de la revocación.
De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), el municipio de Solidaridad cuenta con una población de 356 mil 923 habitantes al 2018.
Dicho de otra manera, las 349 personas que votaron a favor de la revocación, representan únicamente el 0.95 % de la población actual del municipio de Solidaridad. Al 99.05% restante, no le interesa el asunto pues no se pronunciaron ni a favor ni en contra.
De acuerdo a la Ley Federal de Consulta popular, en su artículo 64, del Capítulo IV, de la vinculatoriedad y seguimiento; refiere:
“Cuando el informe del Instituto indique que la participación total en la consulta popular corresponda, al menos al cuarenta por ciento de los ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores, el resultado será vinculatorio para los poderes Ejecutivo y Legislativo federales, así como para las autoridades competentes, y lo hará del conocimiento de la Suprema Corte, la cual notificará a las autoridades correspondientes para que dentro del ámbito de su competencia realicen lo conducente para su atención”.
Es decir, este principio que contempla el mínimo de participación ciudadana podría ser la base para una impugnación por parte de la empresa afectada.
Ante esto, será la propia ciudadanía y no el gobierno, el responsable de lo que venga en cuanto a este tema de la revocación.
FERNANDO MORCILLO/QUINTANA ROO HOY
