CANCÚN.- Mediante una audiencia virtual y expresas, plagada de irregularidades, violaciones a la ley y 10 mil pesos de multa, la juez Gina Canul Solís, cambió la medida cautelar al rumano Sandu Ioan Laurentiu, procesado por homicidio y lo dejó en libertad.
La conducta de la juez, es un ejemplo más de la impunidad generada y amparada por la corrupción en el sistema judicial mexicano, donde se movieron a fiscal, juez y otras autoridades que facilitaran y permitieran la liberación del imputado.
La liberación del homicida, fue catalogada como una flagrante violación a la Constitución Política Mexicana y al Código Nacional de Procedimientos Penales, por la defensa.
Laurentiu, fue acusado de homicidio en grado de tentativa en contra un empresario de Cancún y detenido en diciembre de 2019 en el aeropuerto de la Ciudad de México, el extranjero estaba recluido en la cárcel de Cancún, tras ser vinculado a proceso dentro de la carpeta administrativa 318/2018.
Previamente el abogado del imputado, había solicitado el cambio de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa y poder llevar su proceso en libertad.
Ante estos hechos, el asesor jurídico de la víctima, Eddy Pérez Escobar, quien estuvo presente en la audiencia virtual, señaló, que se trata de una acción “muy sospechosa”, tanto del defensor jurídico, la fiscal de Ministerio Público y la propia juez, Gina Canul, toda vez que estaban prácticamente puestos de acuerdo en todos los detalles.
Además, agregó, la decisión es totalmente violatoria a la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos, que, si bien establece que la prisión preventiva aplica, cuando otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad, también señala casos de prisión preventiva oficiosa.
Precisó, asimismo, que el juez deberá ordenar prisión oficiosa, en casos de abuso o violencia sexual contra menores, delincuencia organizada, homicidio doloso, feminicidio, según el artículo 19.
En tanto el Código Nacional de Procedimientos Penales, dijo, señala que el cambio de las medidas es únicamente cuando hayan cambiado de manera sustancial, las condiciones mediante las cuales se dictó la prisión preventiva.
Cabe recordar que el imputado, participó en un intento de secuestro y asesinato de un empresario en Cancún, por lo que la juez y la fiscal serán denunciados penalmente por evasión de presos, coalición indebida.
En las negociaciones para liberar al rumano homicida, estaría involucrado el secretario estatal de Seguridad Pública, Alberto Capella Ibarra, quien influyó en el sistema de justicia estatal para liberar al rumano, por así convenir a sus intereses en su conflicto legal que sostiene con otro grupo de rumanos en Cancún.
