Santiago Rodas / Grupo Cantón
Un detenido por el secuestro del magistrado Sergio Avilés en 2023. El caso revela el alcance del crimen organizado en las instituciones.
Cancún.- En un operativo conjunto entre la Fiscalía de Quintana Roo y su homóloga de Coahuila, fue capturado Víctor Alfonso “N”, señalado como uno de los responsables de un secuestro ocurrido en 2023, cuyo impacto alcanza a la estructura más alta del poder electoral del estado.
Aunque el comunicado oficial evitó nombrar a la víctima, fuentes cercanas a la investigación confirmaron que se trata de Sergio Avilés Demeneghi, magistrado presidente del Tribunal Electoral de Quintana Roo.
Su secuestro, inicialmente negado, fue ejecutado con violencia, planificación y con la intervención de al menos cuatro personas, entre ellas el ahora detenido.
El 19 de junio de 2023, la víctima fue interceptada al llegar a su domicilio en Othón P. Blanco.
Según el expediente, fue perseguido, sometido con un arma de fuego, y llevado a una vivienda previamente rentada por uno de los implicados.
Allí fue golpeado, amarrado y despojado de sus pertenencias. Horas después fue trasladado a otro inmueble, donde continuaron las agresiones.
La exigencia: 500 mil pesos a cambio de su vida.
El rescate fue pagado en dos partes. Solo entonces, fue liberado en la vía pública.
La víctima, sin escolta y bajo sus propios medios, regresó a su hogar sin que se dieran a conocer públicamente los hechos hasta ahora.
La operación criminal incluyó la movilización de varios vehículos, armas largas y comunicación entre células, lo que revela una estructura organizada y con capacidad logística.
El arresto de Víctor Alfonso “N” ocurrió en Matamoros, Coahuila, donde permanecía prófugo. Fue trasladado a Quintana Roo y quedó a disposición de un juez, quien en las próximas horas determinará su situación jurídica.
Las autoridades lo vinculan como el responsable de rentar la primera casa de seguridad, clave en la retención de la víctima.
Aunque el motivo del secuestro se habría basado en una confusión de identidad, la dimensión del error no ha sido menor: un alto funcionario electoral fue confundido con un presunto contador de una organización criminal.
Este caso, más allá de la detención, expone un fenómeno estructural: el crimen organizado opera en zonas residenciales, arrienda inmuebles sin ser detectado, identifica blancos por rutas cotidianas, y moviliza secuestros sin ser inmediatamente neutralizado. No solo vulnera a empresarios o civiles. Hoy también alcanza a los operadores del sistema democrático.
La captura de un implicado no resuelve el caso, pero rompe el silencio institucional en torno a una realidad que afecta a múltiples niveles del Estado. La violencia no solo deja víctimas: genera vacíos de poder, temor dentro de las instituciones, y fracturas en la confianza pública.
