Tulum, Q. Roo.- El CCVII Aniversario del Grito de la Independencia, calificado recientemente por el diputado local Juan Vallejo Ortiz, como “un derroche de recursos para sólo brindar beneficios a los amigos de gobiernos priistas”, no sólo expuso la existencia de un proveedor a modo para Romalda Dzul Caamal, presidenta municipal en Tulum, sino también evidenció que prevalecen viejas prácticas en la administración pública relacionadas con el financiamiento a empresas fantasmas, como fue el caso de la persona física con actividad empresarial y profesional, Rosa Yasmín Perera Aguilar.
En el marco del festejo patrio de septiembre pasado, Perera Aguilar dotó de 10 mil paquetes de comida típica mexicana al noveno municipio, que constaban de cinco tacos de diferentes guisos acompañados con frijol y guacamole; que además incluían salsas, aderezos, servilletas, cubiertos y platos desechables, a un costo unitario de 139 pesos.
De acuerdo con el comprobante fiscal, dicha demarcación pago en una sola exhibición y con 15 días de antelación, un millón 392 mil pesos, según consta en el documento 550, bajo el folio fiscal 3DB884DC-B1FC-4B61-9362-A4002F3BD196, fechado el 30 de agosto de 2017.
Sin embargo, dicho comprobante evidenció que el domicilio marcado en calle 137 entre 46C y 48, número exterior 222, en la colonia Serapio Rendón, en Mérida, Yucatán, corresponde a una casa habitación o inmueble deshabitado desde finales de 2015, según residentes de la zona, que evidencia la subcontratación para otorgar la prestación del servicio durante los festejos patrios.
Dicha propiedad se localiza al sur de Mérida, cerca del Aeropuerto Internacional y, de acuerdo con las fotografías, se muestra una construcción de dos niveles con grafiti en algunas partes de la barda perimetral, maleza crecida y una pintura de color blanco semi deslavada, lo que deja de manifiesto su abandono y que la actividad empresarial y profesional ha sido omisa para actualizar el domicilio fiscal.
De acuerdo con testigos de la zona, a raíz de un conflicto laboral ventilado en la junta especial número tres del estado de Yucatán, Perera Aguilar tramitó un amparo indirecto bajo el número 1143/2012 en contra del laudo laboral, sin embargo, fue infructuoso el procedimiento administrativo ya que acató el laudo laboral, que detonó que años más tarde cambiara de residencia.
Vallejo Ortiz, titular de la Comisión de Desarrollo Rural y Pesquero en la XV Legislatura pugnará para que la Auditoría Superior del Estado de Quintana Roo (Aseqroo) fiscalice minuciosamente la cuenta pública de 2017 y disipe todas las dudas que arroje un gasto exorbitante para un festejo que sólo concentró alrededor de 2 mil personas.
Trascendió que Perera Aguilar no sólo provee a la comuna tulumnese de alimentos, sino también en rubros de publicidad, seguridad y papelería, según los formatos del primer trimestre de proveedores de 2017, fracción 33 de SSP y de contratistas respectivamente, todo ello en el apartado de transparencia de dicho municipio.
(Irvin Vargas/Quintana Roo Hoy)
