Roberto Lemus / Grupo Cantón
Esta medida ha afectado especialmente a vendedores de alimentos y bebidas, quienes ahora se ven obligados a reducir su jornada
TULUM.— Un grupo de más de 35 comerciantes y emprendedores locales de Chemuyil ha manifestado su inconformidad ante el cobro mensual de una cuota de 300 pesos impuesto por el delegado municipal Gilmer Vidal Torres Cervantes, quien habría iniciado esta medida sin previo aviso, sin respaldo legal y sin brindar justificación clara sobre el uso de los recursos.
De acuerdo con testimonios de los afectados quienes solicitaron el anonimato por temor a represalias, el delegado presentó el cobro como una aportación voluntaria para “mejoras en la comunidad”, aunque hasta el momento no se ha observado ningún cambio tangible en los servicios públicos ni en la infraestructura del poblado.
“Nos dijo que era para mejorar el pueblo, pero las calles están en mal estado, la recolección de basura sigue siendo deficiente y no han colocado ni una lámpara nueva en el parque”, señaló uno de los comerciantes inconformes.
Lo que más ha indignado a los afectados es que la cuota se cobra por turno de operación. Aquellos negocios que trabajan en horario diurno y nocturno deben pagar el doble: 600 pesos al mes.
Esta medida ha afectado especialmente a vendedores de alimentos y bebidas, quienes ahora se ven obligados a reducir su jornada o aumentar sus precios para cubrir el nuevo gasto.
Los comerciantes aseguran que muchos de sus negocios tienen años operando en Chemuyil y que nunca antes se les había exigido este tipo de pago.
Consideran la medida arbitraria, sin base legal, y presumen un uso discrecional de los recursos recaudados.
“No hay documentos oficiales, ni recibos, ni explicación formal. Parece más un cobro personal que una contribución comunitaria”, comentó otro de los entrevistados.
Ante esta situación, los afectados ya han comenzado a organizarse para solicitar la intervención de las autoridades municipales de Tulum y del gobierno estatal, con el fin de frenar lo que consideran un abuso de autoridad.
Hasta el cierre de esta edición, el delegado Gilmer Vidal Torres Cervantes no ha emitido declaraciones públicas sobre el origen, legalidad o destino de los fondos recaudados, lo que ha incrementado el malestar entre los comerciantes de la comunidad.
Los afectados no descartan emprender acciones legales o realizar protestas pacíficas en caso de no obtener una respuesta clara. Exigen transparencia, rendición de cuentas y la suspensión inmediata del cobro, al que califican como un “impuesto infundado e injusto”.
