PUERTO MORELOS, Quintana Roo.- La presidenta municipal de Puerto Morelos, Laura Fernández Piña, desapareció de un plumazo 40 lotes de las colonias irregulares La Fe y Tierra Nueva, valuados en 6 millones 500 mil pesos, considerando las tarifas comerciales que impuso la empresa administradora Constructora Rural y Urbana del Sureste SA de CV, compañía fantasma que no existe en el Registro Público del Comercio.
Además, la alcaldesa extraída de las filas del partido del tucán, está obligando a pagar 163 mil pesos por lote a cada una de las 460 familias que en apariencia tienen la posesión de los predios, que supuestamente son propiedad de Luis Felipe Campos Castillo, empresario envuelto en escándalos judiciales y civiles en Mérida, Yucatán.
El supuesto dueño de las colonias irregulares, Luis Felipe Campos Castillo sería sólo el prestanombres de una sociedad clandestina que busca apropiarse de los predios La Fe y Tierra Nueva, que son apenas la tercera parte de una extensa propiedad que se encuentra intestada, pues el dueño original es un extranjero fallecido hace algunos años.
El pasado 7 de enero se conmemoró el segundo aniversario de Puerto Morelos. En su discurso, la presidenta Laura Fernández Piña anunció ante miles de portomorelenses la regularización de las colonias La Fe y Tierra Nueva, para “otorgar certeza jurídica a 500 familias, gracias al respaldo del dueño de esos predios, Luis Felipe Campos Castillo”.
Y agregó que con ello el ayuntamiento podrá entonces introducir los servicios de drenaje, agua potable, electricidad y pavimentación sin costo para los habitantes de estos asentamientos. La oficialización del proceso de regularización de las colonias irregulares La Fe y Tierra Nueva, lo comentó hace apenas unos días cuando firmó un convenio con la empresa Constructora Rural y Urbana del Sureste SA de CV de Luis Felipe Campos Castillo.
Una investigación de Quintana Roo Hoy reveló que la empresa Constructora Rural y Urbana del Sureste SA de CV no existe en el Registro Público de la Propiedad y el Comercio, pues no arrojó ningún resultado. Y peor aún, en la dirección en donde supuestamente se encuentran las oficinas de la empresa sólo hay una antigua vivienda en donde no dan informes de la compañía.
La supuesta dirección de la empresa es la Privada 10-a #291, fraccionamiento Jardines de Vista Alegre, en Mérida, Yucatán, México, CP 97130.
Sin embargo, en este lugar no hay ninguna oficina de Constructora Rural y Urbana del Sureste SA de CV propiedad de Luis Felipe Campos Castillo.
Otra de las inconsistencias del proceso de regularización es que se desaparecieron 40 lotes de la nada, pues en el censo original realizado por la Secretaría Municipal de Desarrollo Urbano y Ecología, a cargo de Manuel Tirso Esquivel Ávila, se menciona que las dos colonias se encuentran sobre una superficie de 99 mil 975.77 metros cuadrados, subdivididos en 500 lotes de 10 metros de frente por 20 de fondo.
Sin embargo, en el convenio ya desaparecen 40 lotes, pues se mencionan solo 460 lotes cuando en el censo original eran 500. Según el convenio se les “dotará de certeza jurídica a los habitantes que ocupan los asentamientos humanos denominados Tierra Nueva y La Fe, los cuales se ubican en la súpermanzana 17, manzana 150, lote 08, con una superficie de 99,975.77 metros cuadrados, en el Municipio de Puerto Morelos del Estado de Quintana Roo, en donde se encuentran asentadas alrededor de 460 familias, sin contar con los servicios básicos de agua potable, drenaje, ni energía eléctrica, pavimentación, banquetas, etcétera”.
El acuerdo entre la empresa fantasma, y los posesionarios de los lotes, fue que pagarían por cada predio 160 mil pesos, y los tendrán que saldar antes del 30 de septiembre, es decir, antes de que entre la nueva administración municipal que se elegirá en las próximas elecciones de julio.
El monto total de los predios, considerando las 460 familias que supuestamente tienen posesión, asciende a los 73 millones 600 mil pesos, sin considerar los 40 predios desaparecidos que tendrían un valor de 6 millones 400 mil pesos.
Pese a que a que el convenio hace referencia a la certeza patrimonial, a la fecha ninguna de las familias ha firmado contrato alguno en donde se establezca de manera formal el precio del lote, las dimensiones y el compromiso de que recibirán el título de propiedad cuando se concluya el pago total.
