La agrupación Transparencia por Quintana Roo A.C. denunció ante el Tribunal de Justicia Administrativa del estado a los alcaldes de los municipios de Tulum y Puerto Morelos, así como a las personas que resulten responsables,
por peculado, desvío de recursos, abuso de funciones, tráfico de influencias, nepotismo, encubrimiento, participación ilícita y colusión, que dañan el erario de estos ayuntamientos por un monto cercano a los nueve millones de pesos.
La organización dio a conocer que, con sustento en los Artículos 109 y 113 Constitucionales y los Artículos 90, 91, 92 y 93 de la Ley de Responsabilidades Administrativas, la denuncia es seguimiento de las investigaciones que realizaron en los municipios mencionados, considerando las quejas ciudadanas.
En el caso de Tulum, se interpuso la denuncia por faltas en los procesos en adquisiciones de bienes y servicios revisadas en cuatro casos en los que se observan compras injustificadas, así como omisiones a la Ley de Transparencia del Estado, al no publicar en su portal oficial el uso y destino de esos recursos.
De acuerdo con los documentos presentados, los gastos fueron para acabados, iluminación de promoción eléctrica, canastas navideñas y un servicio de diseño, instalación y desmontaje de ornamentos navideños, y la suma total de las pruebas presentadas es de 8.6 millones de pesos.
A partir de la revisión del caso, la ciudadanía se percata que este recurso no fue aplicado para satisfacer las necesidades reales de la ciudadanía, incumpliendo con ello en su deber como Organismo Público.
Es por eso que se les denunció por probable cohecho, peculado, desvío de recursos, abuso de funciones, tráfico de influencias y nepotismo.
Mientras que, en el caso de Puerto Morelos, la demanda es por un presunto desvío de recursos, por la ejecución de un programa irregular, en el que la autoridad no transparenta la legalidad y validez de este, denominado “Programa Institucional de Gestión Social”, pues no está incorporado en los Programas Municipales 2016-2018, aprobados por el Ayuntamiento.
Además, este programa se utilizó para beneficiar con 32 mil pesos de las arcas municipales a la directora general de Participación Ciudadana, quien no pertenece a un sector vulnerable ni está en situación de necesidad como para ser beneficiaria de un programa social, cometiendo una falta administrativa por beneficiarse de su encargo para sí misma.
Los delitos en los que incurre la Comuna portomorelense son peculado, desvío de recursos públicos, abuso de funciones, encubrimiento, participación ilícita y colusión.
En ambos casos Transparencia por Quintana Roo, A.C., destacó que el Artículo 109 Constitucional indica que los servidores públicos y particulares que incurran en responsabilidad frente al Estado, es decir algún tipo de “faltas administrativas”, serán sancionadas.Redacción
