PLAYA DEL CARMEN, Q. Roo.- Por medio de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), se solicitó la información pública referente a la concesión necesaria para la prestación del servicio de transporte urbano de pasajeros en Solidaridad a través de la empresa Transportes Unidos del Carmen (TUCSA), la cual presta el servicio desde 1999.
La respuesta, a través del oficio número PM/UV/202/2017 es el siguiente: “no obra documento alguno de lo solicitado”, esto es, de la concesión que en algún momento el ayuntamiento tendría que haber expedido a la empresa para autorizar su debida operación.
El oficio que exige a la autoridad informar sobre la existencia “del documento certificado que ampare la concesión que, en su caso, permita a la empresa moral denominada Transportes Unidos del Carmen (TUCSA), operar”, fue documentada con el número INFOMEXQROO 00085417 con fecha 7 de febrero de 2017, la cual fue turnada a la Dirección General de Asuntos Jurídicos del Ayuntamiento de Solidaridad, de la cual se desprende el documento para la Secretaría General del Ayuntamiento quien responde a través de su titular, Alberto Farfán Bravo.
“AVAL” MUNICIPAL
Aun cuando la irregularidad es de todos conocida, el ayuntamiento pretende sostener el servicio que presta TUCSA de diversas formas; por un lado, ha aceptado la participación de la empresa en las decisiones que el cabildo habrá de tomar respecto de la prestación de servicio para lo cual, durante la tercer sesión plenaria nombraron una “Comisión Municipal de Transporte y Vialidad”, de ella forman parte el secretario general Alberto Farfán Bravo; el director de Transporte, Miguel Ramírez; la regidora Alejandra Cárdenas; la regidora Maribel Morales; Filiberto Martínez; César Navarro; Gustavo Maldonado; el director de Seguridad Pública, Luis Pérez Maldonado; el director general de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, William Conrado; y el representante de la empresa TUCSA, Ernesto Granier.
Por otro lado, y a pesar de las protestas por las decisiones ilegales, integran una comisión encabezada por el regidor César Navarro para implementar, a través de una empresa privada, una “consulta ciudadana” que eventualmente permita mejorar el tema del transporte en el municipio.
AMAGAN CON ABRIR CONCESIÓN
Durante la administración de Filiberto Martínez (2011-2013), el tema de la falta de concesión de TUCSA se puso sobre los escritorios; el amago hacia la empresa fue en el sentido de abrir concesiones para otras empresas.
De hecho, durante esa administración, la actual alcaldesa de Solidaridad María Cristina Torres Gómez, quien fungía en la Secretaría General, habría reconocido públicamente que el servicio de TUCSA es ilegal, irregular, al no estar amparado por un documento de concesión.
Resultado de este amago, la empresa, apéndice del Sindicato de Taxistas Lázaro Cárdenas del Río, pagó el favor del silencio y la omisión, otorgando beneficios a las cabezas de la administración municipal.
FAVORECIDA POR PRIISTAS
Además de contar con las oficiosas omisiones de los ayuntamientos priistas durante 18 años, la empresa ha sido favorecida con cuantiosos regalos, por ejemplo, dos unidades nuevas que en 2014 les entregara en “comodato” el ex presidente municipal, Mauricio Góngora Escalante, por un monto total de 2 millones 274 mil pesos, evidentemente, dinero de las arcas municipales que se ejercieron en favor de una empresa que opera de forma ilegal.
No obstante que, en el pasado, las diferentes administraciones públicas emanadas del Revolucionario Institucional operaron a través del tráfico de influencias, la extorsión, el corporativismo y demás viejas prácticas, hoy, una administración que se dice emanada de una coalición de partidos opositores al PRI, continúa con el empoderamiento de las organizaciones que en todo momento han operado política y económicamente en favor del tricolor.
La presidenta municipal, Cristina Torres Gómez, recibió en su despacho un oficio ciudadano con fecha 2 de noviembre de 2016 en el que se le exhorta a revisar el tema de la concesión del transporte público, abrir la concesión para otras empresas, retirar de la Comisión de Transporte a la representación de TUCSA, basado en la inexistencia de concesión y la eventual existencia de un conflicto de intereses; además de abrir el tema de la concesión en una sesión pública de cabildo, petición que a la fecha no ha tenido respuesta.
Sin embargo, los hechos apuntan a continuar con la estrategia priista de omitir las obligaciones que el ayuntamiento tiene en pos del respeto al estado de derecho, como lo han hecho las anteriores administraciones.
EL MONOPOLIO DEL SINDICATO
El servicio de transporte urbano de pasajeros en Solidaridad es anacrónico, peligroso, sucio e insuficiente.
Muchas de las prácticas que los ayuntamientos priistas implementaron en beneficio del sindicato y su operación monopólica en flagrante violación al artículo 28 Constitucional, son reforzadas en la presente administración, por ejemplo, la prohibición del transporte de personal para entrar a Villas del Sol a recoger y dejar a sus empleados, ello con el objetivo de obligar a los trabajadores a hacer uso del servicio de taxis, los cuales cobran entre 70 y 100 pesos un servicio del centro a esa unidad habitacional.
El monopolio existe porque el servicio de transporte urbano de pasajeros se presta a través de minivanes del sindicato de taxistas y los camiones de la empresa TUCSA, también propiedad del mismo sindicato. Aun así, ante la evidente violación de un precepto constitucional, el ayuntamiento tiene la obligación de hacer una denuncia formal ante la Procuraduría General de la República (PGR); sin embargo, sigue operando la omisión. (Carlos Calzado C. / QUINTANA ROO HOY)
