PLAYA DEL CARMEN, Q. Roo.- El transporte urbano en Solidaridad opera en la ilegalidad. Desde hace 18 años, la empresa Transportes Unidos del Carmen TUCSA funciona sin contar con la concesión municipal, sin edificios terminales, por lo que sus unidades entorpecen el tráfico en las calles del centro de la ciudad.
La empresa establece tarifas de mutuo propio, el servicio es insuficiente, sucio, con conductores que escriben mensajes de texto mientras conducen o lo hacen en estado de ebriedad; retacan las pequeñas camionetas del sindicato con usuarios de pie y, hasta hoy, mantienen, a través de la Dirección de Transporte, fuertes multas para los autobuses de transporte de personal que entran a cargar o dejar trabajadores a puntos como la unidad habitacional Villas del Sol.
El ejercicio del transporte público es monopólico, tanto TUCSA como “las combis” son propiedad del Sindicato de Taxistas “Lázaro Cárdenas del Río”.
Mantenerse al margen de un contrato de concesión les permite la exención del pago al que obliga una concesión; las millonarias ganancias por la prestación del servicio, por decirlo de alguna forma, “no pagan impuestos”, son informales, fuera del marco legal.
Antes de la toma de protesta, el síndico municipal, Juan Carlos Beristain, advirtió que se estaría ante un conflicto de intereses, debido a que la representación de la empresa pudiera operar abiertamente hacia la protección del monopolio existente. Los integrantes del Cabildo protegieron el lugar del señor Granier a través de una votación que desestimó el señalamiento.
“Más aún, las disposiciones de la ley aplican en todo momento a los concesionarios, la empresa no es concesionaria; sin embargo, el pago de derechos por 18 años de operación es un recurso que legalmente pertenece al ayuntamiento”, explicó un asesor jurídico.
“El ayuntamiento tiene la obligación de imponer sanciones por el acto ilegal, fincar responsabilidades a la empresa, dar parte a la autoridad competente y exigir el pago de derechos por 18 años de operación, así como de la garantía que se solicita a cualquier concesionario; convocar a otras empresas a concursar por la concesión del servicio e incluso, con base en el artículo 185, el ayuntamiento puede decretar la enajenación de los bienes con los que se presta el servicio, a fin de garantizar la continuidad, en tanto se concesiona el mismo”, señaló.
El ayuntamiento, a pesar de haber recibido un documento ciudadano que exige, entre otras cosas, retirar la operación del transporte público a la empresa TUCSA, ha desatendido el documento dirigido a la presidenta municipal, María Cristina Torres, sellado de recibido con fecha 4 de noviembre de 2016, a las 13:40 horas. (Carlos Calzado C. / QUINTANA ROO HOY)
