Solidaridad.- Las acciones que se toman de realizar estas dos denuncias, es con la finalidad de que si el Ministerio Público determina que si hay daño patrimonial al erario público, que se regrese el dinero a las arcas, porque el ayuntamiento necesita ese recurso, enfatizó la presidenta municipal de Solidaridad, Cristina Torres Gómez, al acudir a las instalaciones de la Fiscalía del Estado en Playa del Carmen a interponer las querellas contra quien o quienes resulten responsables.
Acompaña del síndico municipal, Juan Carlos Beristain Navarrete, Torres Gómez especificó que el presunto desfalco al Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores (Fonacot) es de más de 500 mil pesos, de acuerdo con los documentos de los depósitos en nómina, pero corresponde a la empresa tomar las acciones legales que así le convengan.
En lo que se refiere al Ayuntamiento, las denuncias se interponen para que se investigue si existe daño patrimonial por parte de los involucrados, pues no se cumplió con los protocolos para evitar el presunto fraude; que esta es la primera de las muchas denuncias que interpondrán ante la Fiscalía.
Detalló el procedimiento a seguir en este y otros casos, primero se analiza la parte administrativa, si en esas declaraciones se observan que no se deslindaron las responsabilidades y que estas no fueron aclaradas, entonces se procede a una denuncia penal. La primera es contra quien resulte responsable, porque no se sabe quién podría ser el presunto o los presuntos culpables; “la segunda contra quien ejercía el papel de Oficial Mayor, quien estaba en la presidencia municipal y la directora de recursos humanos, por el tema de los descuentos”, aclaró.
Ante la pregunta de los reporteros de quiénes son los presuntos, la presidenta de Solidaridad fue cauta al decir que por lo pronto los nombres no se pueden revelar, por la secrecía de la investigación porque el Ministerio Público hará las indagatorias correspondiente.
Los trabajadores que usaron estos fondos, de los cuales Fonacot debe de ejercer acción contra ellos si así lo considera; la parte que le corresponde al Ayuntamiento es porque no se dio vista al Ministerio Público o a la sindicatura por el uso de documentos presuntamente falsos. (De la Redacción / Quintana Roo Hoy)
