CARLOS CALZADO C.
Grupo Cantón
Solidaridad.- Sin aclarar si de entrada su equipo de campaña o representantes ante los órganos electorales trabajarán en la respectiva denuncia por actos de fraude electoral, el candidato por el partido Movimiento Auténtico Social (MAS), Ismael Sauceda, denunció que la presidenta municipal, Laura Beristain Navarrete estaría condicionando la entrega de recursos del programa para el Fortalecimiento para la Seguridad (Fortaseg) a los elementos de la Dirección de Seguridad Pública a cambio del voto en favor de su propio hermano, Juan Carlos Beristain Navarrete, quien es abanderado de Morena por el Distrito X.
A decir del candidato del MAS por el Distrito IX, “con el fin de beneficiar a su hermano (Juan Carlos Beristain Navarrete), candidato a la diputación del Distrito 10 por Morena, la presidenta municipal Laura Beristain exige copia de la credencial de elector a los elementos preventivos para liberarles el apoyo del programa Fortaseg.
Lo que aún no aclara el denunciante es el mecanismo que habrán de implementar para hacer la denuncia correspondiente pues, con base en el la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales Para el Estado de Quintana Roo (Lipepeqroo), en el capítulo segundo, “De la Conductas Sancionables”, el artículo 400 determina:
“Constituyen infracciones de las autoridades o los servidores públicos, según sea el caso, de cualquiera de los poderes del Estado y de los municipios, órganos autónomos locales, y cualquier otro ente público a la presente Ley: V. La utilización de programas sociales y de sus recursos, del ámbito federal, estatal y municipal, con la finalidad de inducir o coaccionar a los ciudadanos para votar a favor o en contra de cualquier partido político o candidato;”; consigna el ordenamiento electoral.
Así mismo determina las sanciones a las que se haría acreedora la presidenta municipal: “Artículo 406. Las infracciones señaladas en los artículos anteriores serán sancionadas conforme a lo siguiente: VII., en donde determina desde el enjuiciamiento, hasta sanciones en términos de la legislación penal federal. Es decir, la presidenta municipal no sólo podría afrontar un juicio político derivado de presuntos actos de “delincuencia electoral”, sino que, con base en las reformas constitucionales; de esta irregularidad tendría que darse vista al Ministerio Público Federal a fin de que sancione conforme a la legislación penal federal vigente.
