Asegura la Auditoría Superior de la Federación que la hoy candidata a la reelección en la alcaldía de Solidaridad violó tres leyes: la de Obras, de Adquisiciones y de Disciplina Financiera
Alfredo Rodríguez / Grupo Cantón
SOLIDARIDAD.- La Auditoría Superior de la Federación señaló al gobierno de Lili Campos, candidata a la reelección de la alcaldía de Solidaridad, un posible daño a la Hacienda Municipal por más de 79 millones de pesos.
De acuerdo con la revisión realizada a la Cuenta Pública 2022, la ASF señaló que a través de las auditorías practicadas a diversos contratos financiados con recursos del Gasto Federalizado, donde se auditó la aplicación de más de 185 millones de pesos.
“El municipio de Solidaridad, Quintana Roo, incurrió en inobservancias, principalmente en materia de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas del Estado de Quintana Roo; de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios relacionados con Bienes Muebles del Estado de Quintana Roo y Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, lo que generó un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 82,070.3 miles de pesos”, destaca el reporte de la ASF.
Ayer, Quintana Roo Hoy reveló la mala aplicación de los procesos en materia de adquisiciones, como el exhibido ayer, donde la alcaldesa destinó hasta 25 millones de pesos para lavar las unidades de Servicios Públicos Municipales.
El universo de recursos con anomalías, explicó la Auditoría, representa el 44.1% de las operaciones seleccionadas para fiscalización, y gracias a la revisión de las autoridades federales, se logró la recuperación de recursos por 2 millones 402 mil pesos por cargas financieras, pero aún así, quedaron pendientes de aclaración 79 millones 668 mil pesos.
Derivado de estas anomalías, la ASF señaló que se iniciaron tres procedimientos Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal, 3 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 7 Pliegos de Observaciones.
“En conclusión, el municipio de Solidaridad, Quintana Roo, no realizó un ejercicio eficiente ni transparente de los recursos de gasto federalizado”. señaló la ASF.
Por otro lado, la misma dependencia destacó que en el caso de las Participaciones Federales a Municipios, también se detectaron violaciones a la normativa en la Ley de Adquisiciones, generando un posible daño a la Hacienda Pública por más de 1 millón de pesos.
“En el ejercicio de los recursos, el municipio infringió la normativa, principalmente en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios, de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios relacionados con Bienes Muebles del estado de Quintana Roo”, señaló la ASF en el análisis realizado a la Cuenta Pública 2022.
Derivado de la fiscalización de recursos, la propia ASF señaló el posible daño a las finanzas del municipio, de la totalidad de los recursos asignados vía el Fondo de Participaciones Federales, afectando a las arcas municipales en la totalidad de los recursos destinados al municipio de este fondo.
“Generó un probable daño a la Hacienda Pública Federal, por un importe de 1,163.6 miles de pesos, que representó el 100.0% de la muestra auditada”, aseveró la Auditoría Superior de la Federación.
La dependencia federal indicó que las observaciones señaladas no fueron solventadas previo a la emisión de los dictámenes referidos de la Cuenta Pública 2022, confirmando la violación a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios relacionados con Bienes Muebles del estado de Quintana Roo.
“En conclusión, el municipio de Solidaridad, Quintana Roo, no realizó una gestión eficiente de los recursos de las Participaciones Federales a Municipios 2022”, concluye el dictamen de la ASF.
Apenas el miércoles 17 de abril, el Cabildo de Solidaridad aprobó la Cuenta Pública 2023, igual que lo hicieron con la de 2022, y aunque el cuerpo edilicio no reportó anomalías hace un año, habrá que esperar a que la Auditoría Superior de la Federación revise las cuentas y señale si el gobierno de Campos incurrió de nuevo en violaciones a las leyes en el ejercicio de los recursos públicos.
