RAFAEL SANTIAGO
GRUPO CANTÓN
PLAYA DEL CARMEN.- Ante la Fiscalía Anticorrupción del Estado de Quintana Roo fue presentada la denuncia contra la presidenta municipal Laura Beristain; el titular de la Zona Marítima Terrestre (ZOFEMAT), Marco Antonio Loeza Pacheco; la empresa Ar. Co. y quienes resulten responsables, por el fracaso del control del sargazo, que en el primer arribo dejó en evidencia el fraude cometido por las empresas sin experiencia que se repartieron el botín de más de 44 millones de pesos.
La demanda fue ratificada en días pasados por el defensor de los derechos humanos, Raúl Fernández León, quien hace un recuento de todas las acciones que se ha cometido en perjuicio de los playenses, por “uso ilícito de atribuciones y facultades del servicio público, ejercicio abusivo de funciones” en contra de quien o quienes resulten responsables. Las playas lucen llenas de sargazo y el supuesto combate de la macroalga se reduce a realizar un espectáculo deprimente.
Las denuncias han arreciado también en las redes sociales y hay documentos en poder de Quintana Roo Hoy, que respaldan todo, y en ambos casos se comprueba lo que desde un principio fue una licitación simulada, poniendo en evidencia que la empresa especializada en herrería, Manufacturas Industriales DP S.A. de C.V. (MIDP S.A. de C.V.), era solamente un prestanombres de la empresa abarrotera Ar. Co. que es la que se ha beneficiado con los contratos para aparentar combatir el sargazo.
Y destaca observar que esta empresa de herrería, siempre fue rechazada por no cumplir con los requisitos, tal como ocurrió en la licitación pública, DPM-LP-SER-007-2020 que tenía como objetivo la renta de dos sargaceras recolectoras y dos barcazas transportadoras de sargazo, contratadas por un lapso de diez meses, incluyendo su operación.
Se eliminó también a MIDP S.A. de C.V. de la licitación pública DPM-LP-SER-009-2020, que tenía como objeto el tender 2.5 km de barrera de contención y redireccionamiento de sargazo (incluye anclaje, instalación, operación y mantenimiento). En ambos casos se le descalificó por inepta.
Así consta en los documentos firmados por Livia Patricia Burgos Lara, oficial mayor de Laura Beristain; Ivonne Marbella Flores Quintal, directora de patrimonio municipal; Karina del Rosario Arzápalo Rivero, directora de auditoría financiera, además de Marco Antonio Loeza Pacheco y Pedro Israel Tenorio Meyer director y subdirector de la Zofemat. Supuestamente hubo competencia con otras empresas como América Mújica Ayala, Jorge Ordónez Ramírez, Comercializadora Chaktumen y Corporativo Squadra Náutica.
La licitación finalmente se declaró desierta porque nadie cumplió con la experiencia ni la capacidad para llevar a cabo estos trabajos. Y se dio por asignación directa a los herreros zacatecanos de Manufacturas Industriales DP S.A. de C.V. (MIDP S.A. de C.V.).
El negocio estaba hecho, ahora había que hacer como que se trabajaba para justificar el desembolso millonario del erario público. Y ahí se evidenció que Grupo Ar.Co. era el verdadero ganador, y es que la persona que dirige los trabajos es Emilio Ramírez Muñoz, un empleado del Grupo Ar.Co. y representante legal de la empresa PROMAR.
La empresa de herrería, MIDP S.A. de C.V., pensó que la “experiencia” de la empresa abarrotera Ar.Co. la salvaría del ridículo, por lo menos para poder aparentar que se combatía el arribo de sargazo.
Sin embargo se han denunciado con videos y fotografías, la simulación que hacen en lo referente al tendido de los dos y medio kilómetros de barreras sargaceras, no saben fijarla en el lecho marino, se nota que hay empates de diversos modelos de barreras que utilizan en los pocos espacios que intentan realizar, lo que deja a las playas, expuestas al arribo de tanto sargazo. El aspecto es deprimente, ahora que se pretende relanzar el destino turístico debido al desplome provocado por la enfermedad del Covid-19.
Las demandas también se han presentado ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) porque desde un principio se denunció la depredación ambiental del lecho marino, al utilizar como anclaje bloques de cementos, conocidos como “muertos” que están prohibidos por la ley ambiental.
Estos consisten en fijar las barreras en bloques sueltos de cemento que por el oleaje son movidos constantemente, por lo que destruyen el arrecife y todo tipo de vida marina. Sin embargo nadie parece darse por enterado para realizar las investigaciones pertinentes.
AFECTACIÓN
Los daños son inconmensurables a todo Arrecife Mesoamericano. Es obligado por la ley ambiental colocar anclajes fijados en el lecho marino por especialistas y con ello se evite cualquier daño colateral, pero para hacer esto se necesita capacidad y experiencia, pero estas empresas trabajan para rendir corruptelas por millones de pesos, evidentemente no tienen competitividad y por ello se provocan tragedias ecológicas.
Se destruye todo el delicado ecosistema que da ese color turquesa al mar, además de que por las especies que abriga es muy importante para la belleza natural submarina que atrae al turismo mundial.
La corrupción con los contratos sargaceros ha sido cosa común en los gobiernos municipales y estatales, por eso se puso a la Secretaría de Marina para cumplir con todos estos trabajos, con lo que se hubieran ahorrados millones de pesos. Pero en el municipio de Solidaridad, la voracidad de su presidenta, Laura Beristáin, ganó esa apuesta por licitaciones espurias.
El contrato se puede dar por terminado al no cumplir con los compromisos que se suscribieron y según lo establece el artículo 45 párrafo segundo de la Ley de Arrendamientos y Prestación de Servicios y el 54 bis de la ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, además de exigir en el contrato con la dirección de patrimonio municipal, que se cuente con la experiencia y licencias para el manejo que se le ha conferido, en este caso el sargazo. Pero nadie en el ayuntamiento está en la sintonía de hacer cumplir nada, al parecer solamente importan los negocios.
La presidenta Beristáin, siempre contraria a los postulados de la 4T de no robar, junto con Marco Antonio Loeza Pacheco, de ZOFEMAT, tienen montado todo un negocio de fraudes, al controlar todos los procesos: ofrecen las asesorías y tienen el contubernio con Ar. Co, que controla a los zacatecanos de MIDP S.A. de C.V. Saben de los jugosos negocios con la macroalga, porque Ar.Co dejó los tianguis para dedicarse a recolectar sargazo y sus contratos siempre fueron avalados por el gobierno estatal y municipal.
En los dos años anteriores ha logrado ganancias por contratos con el gobierno de Carlos Joaquín, por 250 millones de pesos y otro municipal, a con la cuestionada Laura Beristáin nivel municipal, por 39 millones. Resultados nunca ha dado, pero los negocios continúan y con ello ha evitado regresar a vender jamones y aguacates.
