Paloma Wong
Grupo Cantón
CHETUMAL. Esta es una de las administraciones en donde más ha fallado el trabajo del Sistema para el Desarrollo Integral de las Familia (DIF), no sólo por la opacidad con la que se ha manejada la titular del mismo, sino por la falta de apoyo a los más vulnerables como el caso de los niños, adolescentes, mujeres y personas de la tercera edad, que han estado prácticamente desamparados y con muy mala atención, además de las agresiones físicas a menores de edad en las escuelas, hasta recortes de salario a docentes de los Centros Integrales de Primera Infancia (CIPI) y desatención a los niños que habitan en la casa del DIF, instancia encargada de atender a los menores de edad.
Desde el inicio de la administración estatal se han denunciado diversas deficiencias en la atención de la primera infancia, así como en los menores de edad que están a cargo del estado, ya sea por haberse quedado sin padres y sin una red de apoyo, así como de los que son recluidos en el Centro de Asistencia Social para Adolescentes (CAIPA).
El maltrato por parte de las docentes del CIPI se hizo evidente al principio de la administración que encabeza la presidenta honoraria del DIF Estatal, Gabriela Rejón de Joaquín y la directora general del DIF Estatal, María Elba Carranza, ya que padres de familia señalaban que sus hijos no tenían la atención debida, ya que al final de día presentaban lesiones de las cuales los docentes aducían que “se las hacían jugando con otros niños”.
“A mi hijo cuando estuvo en el CENDI una de las maestras lo jalo del brazo hasta casi fracturarle el mismo, y como pude me moví para que tenga atención. Hoy gracias a Dios mi hijo ya está en la primaria desarrollando sus actividades normales”, afirmó un padre de familia, quien tuvo que buscar un espacio en el DIF para que su hijo vaya a la escuela mientras trabaja.
Así como este, surgieron varios casos, donde los docentes no atendían a los menores de edad, ya que existía una gran demanda a la cual no se daban abasto, si bien con la pandemia sanitaria los menores de edad tuvieron que irse a su hogar y tomar clases en línea, la cacería economía hacia los padres de familia no ceso.
María Elba Carranza, directora del DIF (centro) ante el reclamo de madres de familia.
Ya que en los primeros meses de la pandemia en el 2020, el DIF obligó a los padres de familia a pagar la mensualidad completa, a pesar de que los menores de edad no asistían a clases, la justificación del DIF fue que tenían que solventar los gastos operativos del centro de enseñanza, además de que por mensajes a los papás se les obligaba a cubrir el pago de cuotas, bajo la amenaza de “no permitirles la inscripción de sus hijos”.
Los padres de familia, mediante un estudio socio económico, siguen aportando su cuota que puede ser de 500, 800 y mil 200 pesos, esta cantidad hasta antes de la pandemia sanitaria incluía los alimentos del menor, la atención médica, atención educativa y recreativa.
Si bien los estudiantes no están acudiendo a las aulas para tomar clases, estos están “aprendiendo” en línea, los docentes son obligados a acudir a las instalaciones del CENDI y CIPI, dependiendo donde les corresponda laborar, sin que sean remunerados como corresponde, siento la “justificación del DIF” la carencia por la pandemia sanitaria.
No Obstante, uno de los temas más sonados se dio a conocer el pasado 26 de marzo cuando policías de Tulum, mataron a una madre de familia de nombre Victoria, quien desde el 11 de marzo denunció ante el DIF que una de sus hijas había sido víctimas de4 abuso sexual, sin embargo, no actuaron y fue hasta la mediática muerte de al mujer salvadoreña que se reveló el asunto que dejó en evidencia el mal trabajo del DIF, ya que no hicieron ni actuaron en consecuencia.
AMENAZAS
Apenas el jueves pasado, en una reunión privada entre docentes del CIPI con la directora general del DIF Estatal, María Elba Carranza, esta las amenazó al mencionar que tendrán que continuar con sus labores educativas y presenciales en las instalaciones de su centro laboral, sin recibir el pago de su cuatrimestre o puntualidad, y a quien no le guste o de a conocer a los medios de comunicación su inconformidad perderá su trabajo.
“Ya nos dijeron que nos hablaran una por una para saber nuestro caso y darnos una respuesta, pero que en este mes no nos deben afectar nuestros estímulos por las horas que no estamos cubriendo, pero no sabemos cuánto es verdad o cuanto es mentira. Porque se nos tocó nuestro estimulo de cada mes por no tener faltas y asistir de manera puntual”, apuntó una docente afectada que omitió su nombre por temor a represalias.
Expuso que desde la Dirección de Recursos Humanos les informaron que no se les pagará su salario completo, debido a que no están cumpliendo sus ocho horas de clases por el recorte laboral a consecuencia de la pandemia sanitaria.
También con los menores de edad en custodia del DIF Estatal se han reportado problemas e irregularidades ante la falta de atención de la presidenta honoraria del DIF Estatal, Gabriela Rejón de Joaquín y la directora general del DIF Estatal, María Elba Carranza, ya que no han sabido atender a la infancia y adolescencia.
De acuerdo a un oficio con fecha del 7 de abril del presente año, en la casa hogar Ciudad de los Niños y Adolescentes de la capital de Estado se denunciaron una serie de carencias que propicia que los menores de edad que viven en las villas carecen de atención.
Prueba de ello, es la denuncia pública que da a conocer las condiciones deplorables y la falta de mantenimiento de las instalaciones de las denominadas villas y las necesidades de importancia y que son de primera necesidad para las casas donde viven niños, niñas y adolescentes.
“Dentro de las villas sólo hay una asistente formativa que tiene a cargo cinco personas, a quienes hay que darles alimentos, procurar la limpieza, pero existen límites, ya que no hay insumos, alimentos y electrodomésticos suficientes para la atención de los menores”, de acuerdo al escrito.
La alimentación para los menores es insuficiente, ya que las porciones son muy pocas porque no hay insumos suficientes para los alimentos lo que propicia que se queden con hambre durante el día, al ser reportado a la dirección se mencionó “que es lo que hay”.
Apenas el mes pasado personal se manifestó en reclamo por el recorte del 50 y 75 por ciento de sus cuatrimestres, los cuales indicaron que fueron ilegales.
En el lugar se carece además de insumos de limpieza, ya que no hay liquido para lavar trastes, detergente, así como lavadora para mantener limpia la ropa de los menores que ahí viven y se encuentran bajo la tutela del DIF Estatal.
Cabe mencionar que otro lugar a cargo del DIF Estatal y del cual también existen irregularidades es el Centro de Asistencia Social para Adolescentes (CAIPA), donde la infraestructura del lugar es deplorable, ya que desde su inauguración desde el 2015 no ha recibido mantenimiento. Los salones de clase, la cocina del lugar, así como los dormitorios ya no son aptos para la atención de los menores de edad.
En este lugar, la falta de atención de calidad, propició que un par de semanas atrás dos menores de edad intentaran suicidarse.
Una tomó cloro y fue trasladada al Hospital General de Chetumal; la otra quedó bajo custodia de la psicóloga. Se desconocen las causas que les llevaron a adoptar tal conducta.
De acuerdo con datos recabados el día de los hechos las adolescentes del CAIPA alegaron ser víctimas de malos tratos y limitaciones en la comida, mismas que se enfrentaron en pleito con el personal.
La amenaza y temor a castigos hizo que tomaran cloro de la bodega y amenazaron con ingerirle.
Una de las jóvenes identificada como L. G. A. R. de 17 años bebió el cloro y fue trasladada en patrulla al Hospital General de Chetumal, donde fue estabilizada y quedó bajo observación. La otra, E. T. M. de 14 años, fue tranquilizada y se le envió a descansar, con el cuidado de la psicóloga.
Se acordó no habrá represalia en contra de las menores y se les brindará mayor atención. La ingresada en el Hospital General de Chetumal, está bajo tratamiento psiquiátrico en el CAIPA.
Se desconocen lo que motivó a las jóvenes a tomar tal decisión. Aunque durante la crisis acusaron malos tratos y falta de alimentos.
Aunque el pasado 19 de enero de 2021 dos menores de edad se fugaron de este lugar, supuestamente por ser víctimas de maltrato.
Por lo tanto el DIF Estatal en lugar de procurar la atención digna de las niñas, niños y adolescentes, no ha visto por ellos.
