Carlos Joaquín otorga millonario contrato. Las cifras alcanzan los 254 millones de pesos; la cónyuge de Jorge Brizuela también está inmiscuida en los actos corruptos con el que lucran con el Covid
Rafael Santiago
grupo cantón
Cancún. El gobernador Carlos Joaquín González ha lucrado por el dolor humano, aprovechando la tragedia desatada por el Covid-19, para realizar multimillonarios negocios al entregar contratos por 254 millones de pesos.
Todos, sin que mediara concurso alguno, es decir por asignación directa para beneficio de su testaferro, Jorge Luis Brizuela Guevara, que se coaligó con la empresa IIAFER(registrada en el padrón de proveedores cinco meses después de que se les entregaran los contratos), y además entregó varios contratos más a nombre de la esposa de éste, la también venezolana Vanessa Lizeth Vargas Flores.
Fueron al menos seis contratos que fueron filtrados a nombre de Vargas Flores con un monto superior a los 210 millones de pesos.
Brizuela, conocido como “El Venezolano”, y que lo mismo presume que está muy cercano a Carlos Joaquín, y que es chofer, guardaespaldas, prestanombres y su operador político, ha sido el vehículo utilizado para realizar todas estas rapacerías que engordan su fortuna a costa del dolor humano que ha causado el coronavirus con su estela de miedo, encierros, desempleo, enfermedad y muerte.
Solamente la intervención del gobernador pudo permitir que Brizuela obtuviera contratos por más de 44 millones de pesos para instalar carpas en el hospital Oncológico de Chetumal y que la esposa, la también venezolana, Vanessa Lizet se inscribiera de última hora como persona física en el padrón de proveedores y que le fueran asignados seis contratos que suman 210 millones de pesos, que incluían la renta de tres carpas Covid en el hospital Jesús Kumate, además de proveer mascarillas y cubrebocas al sector salud del estado.
PARTEN LA COCHINITA
La cloaca gubernamental, se destapó cuando “El Venezolano” y su esposa, dejaron sin pagos a las empresas subcontratadas para instalar tres carpas médicas en el hospital general Jesús Kumate de Cancún y otra en el hospital Oncológico de Chetumal. Los empresarios se quejaron de la mala paga y mandaron correos a las autoridades donde denunciaron el fraude que se les había cometido.
En el caso de la constructora IIAFER y Brizuela, aunque se reconoció el adeudo, incluso en misiva enviada a este diario, no solamente no se les ha pagado, sino que se les ha corrido de las carpas, se les prohíbe el acceso y se les ha amenazado para que no vuelvan. Los contratos de Brizuela se mantienen en secrecía y por lo menos hay reconocimiento de las partes de este gran problema y la cantidad en juego. Lo que sí se sabe es que suman 44 millones 226 mil 142 pesos correspondientes a la instalación de la carpa móvil anexa al hospital Oncológico de Chetumal con 50 camas.
Vanessa Vargas, esposa de Brizuela Guevara, fue inscrita de última hora al padrón de los proveedores para recibir los beneficios del jugoso negocio
IIAFER y Brizuela obtuvieron el contrato del 15 de julio al 31 de diciembre, y cuando la misma secretaría de salud, finanzas, contraloría, gobierno del estado se lo asignaron no contaba con registro como proveedora del gobierno del estado. Fue hasta el 4 septiembre, más de mes y medio después, cuando incluso las carpas, realizadas por los ahora perseguidos subcontratistas, ya estaba en operación, y solamente se da de alta para cobrar los millonarios recursos.
En menos de un mes debe terminar el contrato por las carpas, pero debido a que la epidemia no se ha contenido, ya Brizuela se frota las manos porque espera se amplíe el contrato por unos cuatro meses más de servicio para combatir la mortal pandemia que azota al mundo.
Carlos Joaquín y Jorge Brizuela son muy cercanos.
Con el caso de Vanessa Lizeth Flores Vargas se han filtrado 6 contratos con una cifra total de 210 millones 376 mil 496 pesos. Todo a raíz de estos escándalos, que evidencian como el gobernador del estado, Carlos Joaquín, logra beneficios económicos con acciones ilegales.
Sin experiencia previa en el ramo, ella empezó a recibir contratos el 3 de abril, cuatro días antes, el 31 de marzo, se había dado de alta como persona física en el Padrón de Proveedores del Gobierno del Estado, para poder construir carpas o surtir tapabocas o material de protección sanitaria a los hospitales.
Si bien para la mayoría fue una tragedia el Covid-19, pera Vanessa fue la gran oportunidad de hacer dinero fácil. Sus contratos son el SES-COVID-025-2020, por 17 millones 59 mil 656 pesos; y 5 días después, el 8 de abril, el SES-COVID-031-2020, por 3 millones 271 mil 418 pesos; el 12 de abril con clave SES-COVID-023-2020, tuvo otros 126 millones 831 mil 802 pesos (instalación de tres carpas anexas al hospital Jesús Kumate de Cancún con 238 camas).
Pero aún hay más, el 29 de abril, obtuvo el contrato SES-COVID-008-2020 por 2 millones 538 mil 80 pesos; para el 6 de mayo, la misma empresaria inició el contrato SES-COVID-055-2020, por 2 millones 538 mil 80 pesos. El 10 de octubre otro contrato SES-COVID-095-2020, por 58 millones 137 mil 459 pesos.
• Estas son las carpas montadas en el Hospital General de Cancún y el Oncológico de Chetumal.
PIDEN PAGO, LOS ACUSAN DE ATENTADO
El martes primero de diciembre se difundió en redes las exigencias de las empresas subcontratadas que exigían el pago de sus diversos servicios.
Los empresarios exponen su queja en correos enviados a Yohanet Torres, secretario@sefiplan.qroo.gob.mx; secretario@salud.qroo.gob.mx; sin faltar la copia a contraloría, rafael.delpozo@qroo.gob.mx; además de todas las empresas involucradas incluyendo a la defraudadora iiaferdireccion@gmail.com.
Y no solamente no les pagan, sino que les agreden. Acusan que Jorge Brizuela y su esposa Vanessa Vargas, en Cancún “tomaron de manera violenta e ilegal posesión de los bienes arrendados con el apoyo de autoridades… no permitiéndonos el acceso y violentando nuestros derechos como empresarios, inversionistas y profesionales que hemos apostado por la salud para enfrentar la dura pandemia del COVID”.
Al no quererles reconocer el adeudo la constructora IIAFER/Jorge Brizuela, dejaron la administración, planeación y suministro de equipamiento por falta de pago y porque además se negaban a reconocer el adeudo, que en este caso era de 6 millones de pesos. Exigen que se pague y se eviten “se cometa fraude contra empresas contratadas”.
La semana pasada “El Venezolano” señaló ser víctima de un supuesto atentado.
El mismo día, el venezolano interpuso una denuncia ante la FGE//QROO/BJ/19847/2020 contra todos ellos por presuntas amenazas de muerte. En la demanda incluyó a opositores de Carlos Joaquín, a Jorge Marzuca Fuentes, Víctor Hugo Salas Montes de Oca y Norma Piedad Montes de Oca, Carlos Mimenza Novelo y a los periodistas Julián Santiesteaban, Alfredo Gris y Eduardo Rascón.
El miércoles 2 de diciembre, un día después, por la madrugada, ocurre el presunto atentado en el cual su camioneta blindada recibe cinco impactos de bala, del cual sale totalmente ileso. Extrañamente, no llevaba la prometida protección policiaca. Vuelve a la fiscalía e interpone una segunda denuncia contra los mismos empresarios y periodistas, a los que culpa del atentado, tal como queda asentado en la carpeta FGE/QROO//CAN/12/22091/2020.
En una carta entregada a este diario, IIFER y Jorge Brizuela, aceptan que tienen adeudos altos con la mayoría de las empresas del 30 al 50 por ciento en promedio.
Por lo pronto se ha destapado la cloaca de la corrupción.
DATOS
Carlos Joaquín sigue lucrando con el Covid y el dolor ajeno
Vanessa Vargas, esposa de Brizuela Guevara, fue inscrita de última hora al padrón de los proveedores para recibir los beneficios del jugoso negocio
Las empresas subcontratadas también acusan al empresario y su empresa IIAFER de adeudos
