Paloma Wong / Grupo Cantón.
Más de 30 instituciones educativas del sur de Quintana Roo, protestaron contra el cobro de multas por considerar al personal escolar como “servicios de seguridad privada”.
Chetumal.- Representantes de escuelas privadas del sur de Quintana Roo rechazaron el cobro que pretende realizar la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) por servicios de seguridad privada, aun cuando el personal que abre la puerta de las escuelas son docentes o personal administrativo del propio colegio.
El pasado martes, el Instituto Lamat en Chetumal recibió una notificación de la Dirección de Registro y Supervisión de Empresas y Servicios Privados de Seguridad de la SSC, supuestamente por infringir el artículo 52, fracción 27, el cual establece que quien proporcione servicios de seguridad privada sin haber solicitado la autorización correspondiente se le aplicará una multa económica. Esta multa, de acuerdo a la notificación entregada va de mil a cinco mil UMAS.
Al respecto, Sibila Guadalupe Esquivel Ávila, directora de la escuela y quien también es presidenta de la Asociación de Escuelas Particulares del Sur (ADEPAS), dijo que esta acción es una incongruencia, ya que el personal que abre y cierra la puerta de las escuelas privadas son docentes, personal administrativo o de intendencia, por lo tanto estos no son personal de seguridad privada.
“El personal de la SSC me pregunto si manejaba algún de servicio particular de seguridad y le dije que no, entonces lo que me dijeron que me iban a levantar una notificación por la persona que estaba en la puerta abriendo y cerrándola, que porque desde que este en la puerta para ellos es una persona de seguridad y les dije que es mi colaborador de mantenimiento e incluso esa persona se rota, porque puede ser el o puede ser un docente, puede ser un prefecto”, abundó.
Explicó que por el hecho de que una persona abra y cierre la puerta de la escuela y no esté inscrita en el padrón de la SSC, se les aplicará una multa económica. Aunque para evitar sean apercibidos a futuro, no solo este plantel sino que cualquier otro que esté en la misma condición deberá pagar un permiso que tiene un valor de 20 mil a 25 mil pesos, a lo cual se encuentran inconformes.
Derivado de ello, los integrantes de la Asociación de Escuelas Particulares del Sur (ADEPAS) expresaron su profunda inconformidad ante la disposición estatal que impone el pago de derechos por el uso de servicios de seguridad privada en instituciones educativas privadas, cuando estos son parte de la plantilla educativa o administrativa del plantel.
El documento que será entregado tanto al secretario de Seguridad Ciudadana, Julio Cesar Gómez Torres, como a la Secretaría de Gobierno, califica la medida como “injusta, desproporcionada y carente de sensibilidad social”, argumentando que representa una carga económica adicional para escuelas que ya enfrentan múltiples desafíos para ofrecer entornos seguros y formativos en medio de un contexto cada vez más complejo en materia de seguridad.
“La función de salvaguardar la integridad de las niñas, niños y adolescentes que acuden a los planteles escolares no puede ni debe ser vista como un negocio ni como una oportunidad recaudatoria del Estado. Es obligación constitucional de las autoridades garantizar la seguridad de todos los Ciudadanos, particularmente de los sectores más vulnerables como son los estudiantes y el personal docente. Ante el abandono de esta responsabilidad por parte de las instancias Gubernamentales, las Instituciones Privadas en un acto de responsabilidad, ética y social, recurren a servicios internos de protección. Penalizarlas con un cobro administrativo por buscar proteger la vida y el bienestar de su comunidad educativa, resulta no solo contradictorio, sino profundamente ofensivo”, mencionan en el documento.
La misiva fue respaldada por más de 30 instituciones educativas de la zona sur del estado, incluyendo preescolares, primarias, secundarias y centros de educación superior. En ella, exigen una revisión urgente de los criterios normativos que originan estos cobros, y solicitan que se establezcan excepciones claras para las escuelas privadas que recurren a estos servicios de protección.
