LLAMADO DE PORTADA- SEGURIDAD 31
B: El fiscal no tocará a Capella
C: Van contra policías municipales
S: Se dio a conocer que tras los hechos del 9N, solo habrá acciones legales en contra de elementos de Seguridad Pública de Benito Juárez
Rafael Santiago
grupo cantón
Cancún El fiscal del estado, Óscar Montes de Oca, anunció el inicio de acción penal en contra de 9 mandos y dos elementos policíacos, incluido el secretario de Seguridad Pública Municipal, Eduardo Santamaría Chávez, por los delitos de “lesiones, abuso de autoridad y robo, por hechos suscitados el pasado 9 de noviembre en las instalaciones del Palacio Municipal de Benito Juárez, cuando se manifestaban grupos feministas y simpatizantes, en protesta de un feminicidio que aconteció en esta ciudad.”
Aunque aquél día quedó en evidencia la participación de agentes estatales como municipales, Montes de Oca solo responsabilizó a los segundos.
Para dejar claro que se exculpa a Alberto Capella Ibarra, ex secretario de Seguridad Pública Estatal y responsable del Mando Único, y quien en sus tuits reconoció su responsabilidad por no haber supervisado lo que hacían todos los policías que están bajo sus órdenes, el comunicado oficial subraya que los involucrados son ”todos de la Secretaria de Seguridad Pública Municipal en Benito Juárez”.
Óscar Montes de Oca solapador de la ineficiencia de Capella.
Alberto Capella fue traído por el gobernador del estado, Carlos Joaquín González, a pesar de sus negros antecedentes y graves acusaciones, y con su llegada se incrementaron los crímenes, al grado de que ahora Quintana Roo ocupa el primer lugar en violaciones y lenocinio, además de que a diario se presentan ejecuciones (tan solo ayer, fueron tres en un domicilio), extorsiones y robos de todo tipo. Aunque ya se fue, dejó en el mando provisional a uno de sus personeros que trajo del estado de Morelos. Con la venia del gobernador, dedicaba gran parte de su tiempo a la farándula. Se ha ido pero no lo tocan ni con el pétalo de una rosa.
Durante la represión contra manifestantes hubo periodistas y civiles heridos. Desde la implementación del Mando Único, la violencia e inseguridad en Q. Roo se ha disparado
Montes de Oca, dijo que “se envió un desglose a la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión de la Fiscalía General de la República y otro desglose a la Fiscalía Especializada en Delitos Contra la Libertad Sexual y el Libre Desarrollo de la Personalidad de la FGE Quintana Roo, por lo que hace a probables hechos relacionados con delitos sexuales.” Este último porque las víctimas declararon que los policías introdujeron los dedos sus las partes íntimas de las mujeres.
Se menciona que las víctimas fueron 2 periodistas quienes resultaron lesionados por arma de fuego, así como 8 personas más con heridas en diferentes partes del cuerpo -a una de ellas le robaron. Todas las víctimas han denunciado desatención absoluta por parte de la Fiscalía, e incluso a Cecilia Solís fue a sacarla del hospital Carlos Orvañanos, vocero de gobierno, para continuar con su ilegal promoción como aspirante a la presidencia municipal de Cancún. Pero todas están en completo abandono.
Alberto Capella no se deslindó de su responsabilidad tras el atentado, sin embargo, no recibió castigo.
La policía bajo el Mando Único de Capella, incumplió con su deber, pero vuelve el fiscal a señalar que solamente a la municipal se le acusa de “no salvaguardar la integridad y los derechos de las personas; poner en riesgo a los manifestantes no evitar el empleo ilícito de la fuerza al ser utilizadas las armas de fuego de manera innecesaria e injustificada, contraviniendo la Ley Nacional del Uso de la Fuerza Pública.
Hace unos días, la Comisión Estatal de Derechos Humanos, ya emitió su recomendación en el mismo sentido: solamente se castigará a los municipales y no al gobernador ni a Capella, que son los que tienen el Mando Único en la entidad y son los responsables directos de todo lo que se haga o deje de hacer en la cuestión de seguridad pública.
Eduardo Santamaría fue el primer sacrificado tras el abuso policíaco.
