PATRICIA HERNÁNDEZ GOÑI
GRUPO CANTÓN
COZUMEL.- Todavía no se termina de esclarecer la razón por la que la alcaldesa de Cozumel, Juanita Alonso Marrufo nombró a familiares cercanos en algunas carteras de la administración pública municipal, cuando surge ahora la incógnita por la que designó Carlos Isabel Mendoza Quijano, un egresado de prepa, como contralor de dicha comuna.
Al respecto, diferentes voces se han manifestado, entre ellos al menos tres regidores del Cabildo en esa ínsula, así como integrantes de la sociedad civil como la dirigente empresarial Carmen Joaquín, quien hace un llamado para que se investigue y proceda conforme a derecho si estas personas se encuentran ocupando esas carteras por los motivos correctos.
Los casos que hasta el momento no han sido justificados son los de Miguel Alejandro Alonso Coral, jefe de Contratos en la Oficialía Mayor y sobrino directo de la alcaldesa y Alex Cureño Cureño, jefe del Departamento de Relaciones Públicas de la Subdirección de Turismo y sobrino político de Juanita Alonso.
Pero además, trascendió que por instrucciones de la mencionada edil, la Contraloría Municipal tiene como titular a Carlos Isabel Mendoza Quijano.
Lo que llama la atención en este nombramiento en particular, es que los estudios máximos que realizó el funcionario es el de Bachiller en Ciencias Socioeconómicas en la Preparatoria Valladolid, de acuerdo al Currículum Vitae cuya copia se adjunta en la nota.
Asimismo, su experiencia laboral se circunscribe únicamente a: Gerente General en la empresa Margon e Hijos S. A. de C. V., Contralor en Tequila Tour Mi México Lindo y encargado de Despacho de Contadores Asociados de Cozumel; sin embargo, no tiene experiencia en la administración pública.
Resulta cuestionable la poca experiencia y nivel de estudios del contralor de Cozumel, ya que entre sus responsabilidades está vigilar el ejercicio del gasto público y su congruencia con el presupuesto de egresos del municipio; supervisar el correcto uso del patrimonio municipal, así como el cumplimiento de las normas de control y fiscalización de las dependencias municipales.
En su momento, el presidente del Partido Acción Nacional (PAN) en la isla, Miguel Ángel Canté Ávila señaló que el Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Intereses de la Administración Pública del municipio de Cozumel 2021-2024, debe turnar a la Fiscalía Anticorrupción el hecho de que sobrinos y parientes políticos de la alcaldesa laboren en el gobierno municipal.
Similar postura adoptó la presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) de Cozumel, María del Carmen Joaquín Hernández, quien destacó en entrevista con Quintana Roo Hoy la importancia de que se investigue a fondo el perfil y la trayectoria de los funcionarios cuestionados.
“Por alguna razón fueron invitados a colaborar en esta nueva administración, habría que ver su preparación, su trayectoria y qué requisitos son los que cumplen para ocupar un puesto de tal importancia”, apuntó.
En ese sentido, indicó que lo importante en este caso es la transparencia a fin de que la alcaldesa Juanita Marrufo justifique las razones por las que familiares cercanos y alguien, aparentemente sin experiencia, colaboren junto a ella en esa comuna.
CABILDO INCONFORME
También en entrevista exclusiva con Quintana Roo Hoy, el Síndico de Hacienda en dicha comuna, Bruno Esteban Díaz Solís, se inconformó por el nombramiento del mencionado bachiller en la Contraloría, cuyo aval se decidió por una votación de seis a cinco en el Cabildo, lo cual indica que siempre estuvo cuestionado.
“Desde mi perspectiva yo siempre he abogado por la profesionalización en la administración pública máxime en ese tipo de posiciones como lo es Contraloría, Secretaría General, Tesorería, Ingresos y Egresos y Seguridad Pública porque son las direcciones que se votan por Cabildo en términos de la ley de municipios la cual es clara en el aspecto de que el puesto de Tesorero, de Contralor y de Seguridad Pública debe reunir un perfil”, explicó.
Añadió que su voto fue en contra, toda vez que desde un principio se informó que esta persona de nombre Carlos Isabel Mendoza Quijano, dejó trunca la carrera de Contador Público y únicamente cuenta con su bachillerato.
“Desde mi perspectiva no reunía los requisitos”, insistió y comentó que ya se ha hablado en el cuerpo de regidores que sí han existido dos o tres temas en los cuales ha fallado en hacer uso de sus atribuciones como Contralor por desconocimiento de sus facultades.
En algunos temas, detalló el Síndico, los regidores han observado que el contralor municipal no está midiendo con la misma vara; es decir, está siendo parcial en el desempeño de sus funciones.
Ante esto, precisó que la Ley general de Responsabilidades Administrativas cuenta con el marco jurídico que instrumenta el actuar del actual contralor del municipio en cuanto hace al puesto.
“Esa ley tiene aplicaciones en los tres niveles: federal, estatal y municipal y de ahí baja a nuestro reglamento municipal pero está armonizado con la ley general, entonces se tienen que iniciar los procedimientos cuando se adviertan faltas graves o no graves en el ejercicio o el desempeño de la función pública”, puntualizó.
De hecho, externó que el sexto regidor hizo una observación en sesión de Cabildo respecto al tema de los familiares cercanos a la alcaldesa que ocupan puestos en la administración pública, en el sentido de que él tiene la obligación como contralor de hacer las investigaciones porque la ley lo faculta para ello, cosa que para nada ha hecho.
Díaz Solís subrayó que en su carácter de apoderado del municipio está facultado por la ley para ser coadyuvante con la Fiscalía Anticorrupción por lo que si algún regidor o ciudadano avecindado en Cozumel presenta alguna iniciativa en contra de los familiares de la alcaldesa iniciará los procedimientos, siempre y cuando lo ordene el Cabildo.
Referente al cuestionado funcionario en la Contraloría, reiteró que ya dos o tres regidores han ventilado que procederán a usar su facultad para promover la remoción y proponer a una persona que lo sustituya.
Y es que la Ley de Municipios del Estado de Quintana Roo prohíbe a los ayuntamientos “conceder empleos en la Administración Pública Municipal, a los propios miembros de los Ayuntamientos, a sus cónyuges, parientes consanguíneos en la línea recta y parientes en línea colateral hasta el cuarto grado o parientes por afinidad”.
