Jesús Vázquez
CANCÚN, Q. Roo
La deuda que hereda el saliente gobierno de Cozumel deja maniatado a la presidenta municipal entrante, Perla Tun Pech, emanada de una alianza de oposición entre el PAN y el PRD, pues los pasivos municipales al segundo trimestre del año comprometen 45% de las participaciones federales que recibe anualmente la isla y representan más de 85% del presupuesto que ejerce la isla de las golondrinas al año.
El gobierno del priista Freddy Marrufo obtuvo el 15 de octubre de 2015, mediante el Decreto 327 publicado en el Periódico Oficial de Quintana Roo, la autorización para contratar uno o varios financiamientos por 316.7 millones de pesos, que firmó con el Banco Interacciones el 24 de noviembre de 2015.
El dinero se destinó a la reestructuración de su deuda de corto y largo plazo, y supuesta inversión pública productiva.
Es decir, la deuda que entonces se encontraba en niveles más manejables pasó de 227 a 430 millones de pesos; casi se duplicaron los pasivos en el último tramo de la actual administración municipal.
El nuevo endeudamiento significó una baja en la calificación crediticia de Cozumel apenas en enero de 2016, por parte de la agencia Fitch Ratings.
“Los indicadores prospectivos de endeudamiento y sostenibilidad son muy débiles, el deterioro observado en el ahorro interno y la liquidez limitada observada justifican la baja en la calificación”, se lee en el reporte de enero de este año.
También se obliga durante 20 años a las subsiguientes administraciones municipales a contratar un seguro o cobertura de tasa de interés del crédito contratado con Banco Interacciones, para evitar que los servicios de la deuda se disparen a montos impagables en caso de un incremento súbito de las tasas de interés.
Durante 20 años también estarán comprometidos 45.45% del Fondo General de Participaciones (FGP), así como 25% del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) de Gasolina y Diesel, que otorga el gobierno federal a todos los municipios del país.
Fitch Ratings también revela en su reporte de enero, que de espaldas a los cozumeleños, se modificaron los contratos de adquisición de los préstamos, obligando por los siguientes 20 años a los gobiernos municipales de Cozumel a entregar al Banco Interacciones la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos, para que el banco verifique que en el presupuesto municipal está incluido el monto y concepto del contrato de crédito.
Se trata de condiciones financieras de gran precariedad, que se heredarán a los gobiernos de oposición que triunfaron en las elecciones recientes.
Herencia del PRI
Los nuevos mil 030 millones de pesos que se contemplan para Solidaridad, dispararán hasta los 8 mil 200 pesos la deuda que cada habitante tiene con bancos.
En total, los municipios gobernados por gobiernos priistas en el último trienio suman en su conjunto una deuda con bancos del orden de los 2 mil 911 millones de pesos, según el reporte al primer trimestre de la Secretaría de Hacienda.
Ese monto se disparará hasta los 3 mil 941 millones de pesos en cuanto el saliente gobierno municipal de Solidaridad haga efectiva la aprobación que le otorgó el Congreso del Estado la semana pasada, para contratar un nuevo empréstito por mil 030 millones de pesos adicionales, que representan un incremento de 140% de la deuda actual del municipio solidarense a poco menos de tres meses de concluir la administración priista en turno.
El de Solidaridad es uno más de los escándalos de financieros de los salientes gobiernos priistas, tanto a nivel municipal como a nivel estatal.
Se sabe por testimonios de regidores solidarenses que el objetivo de solicitar un nuevo endeudamiento es hacer frente a la elevada deuda que el ayuntamiento tiene con proveedores, calculada entre los 500 y 750 millones de pesos.
La medida duplica no sólo la deuda soberana, sino la deuda per cápita de lo solidarenses, que ya actualmente es la más elevada del país, al situarse en los 3 mil 711 pesos que adeuda cada habitante del municipio a Banco Interacciones, principalmente.
Los nuevos mil 030 millones de pesos que se alista a pedir prestados el alcalde Rafael Castro, dispararán hasta los 8 mil 200 pesos la deuda que cada solidarense tiene con bancos.
Solidaridad, bajo la lupa
El equipo de transición para la entrega-recepción del Ayuntamiento de Solidaridad está casi listo, y contará con personas expertas y auditores, que no necesariamente participarán en el próximo gabinete, la intensión es adelantar el protocolo conforme a los tiempos de ley, para conocer a profundidad algunos temas y realidades, debido a que es tiempo de cumplir a la ciudadanía con total transparencia y democracia.
La presidenta municipal electa, María Cristina Torres Gómez, determinó que será necesario acelerar el proceso de entrega de archivos y expedientes que den a conocer una radiografía de las condiciones actuales de Solidaridad, es por eso que su equipo de transición concentrará expertos en temas acorde de las dependencias, pero un equipo de auditores revelará la autenticidad de algunos datos que entreguen las autoridades actuales.
“La ley es muy clara y se tienen 30 días previos, pero con el diálogo, que hasta ahora ha sido muy bueno, esperamos poder adelantar parte de la entrega-recepción, para que esta sea clara y democrática, y nos ‘empapemos’ de los temas que atañen a Solidaridad, por eso nos rodeamos de expertos y auditores, que no necesariamente estarán en el gobierno”, citó Torres Gómez.
En otro tema, la entrevistada lamentó los recientes hechos violentos en la entidad, al tiempo que felicitó las decisiones de autoridades del municipio de Othón P. Blanco, “porque la seguridad pública debe resguardar al ciudadano, no repeler a la ciudadanía. Cuando hay una manifestación pacífica, que respeta los lineamientos de ley, están en su derecho y no se debe hacer uso de la fuerza pública”.
