CHETUMAL, Q.Roo.- La Fiscalía General del Estado solicitó al Juez de Control, el embargo de bienes del ex titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi), Mauricio Rodríguez Marrufo, quien está en prisión preventiva por el delito de desempeño irregular de las funciones públicas y daño patrimonial al estado.
Con respecto a las 14 órdenes de aprehensión que se han solicitado al Juez de Control, de las cuales unas seis han sido liberadas, el fiscal General del Estado, Miguel Ángel Pech Cen, argumentó que se tiene que tomar en cuenta las características de cada acusado o coacusado, para llevar el proceso judicial, tienen que ver los tiempos de desempeño en el cargo y grado de culpabilidad.
Las medidas cautelares por parte de los jueces generalmente las otorgan cuando se satisfacen ciertos requisitos que exige el Código Penal, no es fácil litigar para que un juez de control autorice una prisión preventiva durante el tiempo que dura el proceso y que es un máximo de dos años, según el código nacional.
En el caso de la ex titular de la Seduvi, Paulina García Achach, la estrategia que se presentó fue garantizar los bienes como una opción de las que marcan las medidas cautelares o aquellas llamadas providencias precautorias, establecidas también en el código penal. Todo se trabaja con estrategias legales, no para satisfacer un punto de vista u opinión, sino la que convenga en el proceso.
Con respecto a Rodríguez Marrufo, señaló que ya se solicitó el embargo de sus bienes, pero en su momento la Fiscalía realizará las acciones necesarias para concretar este punto, pero aclaró que todo dependerá de la autorización del Juez de Control y del desahogo del proceso.
Pech Cen agregó que ya se tiene la lista de las propiedades, solo falta cumplir los requisitos de ley, además de solicitar la audiencia al Tribunal Superior de Justicia, lo que generalmente se hace con ambas partes.
Con respecto al espacio físico del Centro de Reinserción Social (Cereso) en donde se encuentra recluido Rodríguez Marrufo, el fiscal comentó que ya no depende de la Fiscalía, sino del reglamento interno de la propia prisión, a cargo de la Secretaría de Seguridad Pública, en donde se considera el grado de peligrosidad del imputado. (David Acosta/QUINTANA ROO HOY)
