CHETUMAL, Q.Roo.- Un total de 15 casos revisa como prioridad la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STyPS) en el estado y que podrían derivar en denuncias por las presuntas irregularidades cometidas desde las juntas de conciliación y arbitraje para despojar de cuentas bancarias y propiedades a particulares, empresarios y ejidatarios.
La secretaria del Trabajo, Catalina Portillo Navarro, reconoce que en algunos expedientes se trata de trabajadores inexistentes y en todos los casos, fueron juicios en rebeldía, es decir, los demandados nunca fueron debidamente notificados de que existía un juicio laboral en su contra y derivó en el remate de los bienes inmuebles.
En julio y septiembre pasado, un grupo de investigadores de Expansión y Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad documentaron casos en los que exfuncionarios de la administración del gobernador Roberto Borge desde las juntas de conciliación crearon supuestas demandas laborales y en diversos casos, los trabajadores ficticios ganaban elevados sueldos para reclamar sumas millonarias de compensación.
De esta manera, congelaron cuentas bancarias de la editora internacional Pochteca y de la trasnacional Nestlé para obtener cinco millones y siete millones respectivamente; y en otros casos, como Lagoon Loft le embargaron 51 departamentos y Maioris Cancún 19 departamentos que fueron vendidos a precios de ganga y adquiridos por funcionarios y políticos allegados al PRI y al Partido Verde.
La secretaria del Trabajo señala que en teoría, las adjudicaciones debieron realizarse mediante licitaciones que implican difundir debidamente el remate por medio de edictos o convocatorias que realizan los actuarios de las juntas de conciliación.
Con el cambio de administración, Portillo Navarro inició la revisión de las actas de entrega recepción así como auditorías y asegura que cuando cuenten con todos los elementos presentarán las respectivas denuncias para “que caiga, quien caiga”.
“En este momento en la Secretaría del Trabajo estamos revisando las actas de entrega-recepción y de esas estamos partiendo para hacer las auditorías correspondientes y éstas arrojarán los resultados de acciones legales inmediatas contra las personas que resulten responsables”, afirmó.
Ninguna irregularidad
Algunos de los casos de despojo presuntamente comenzaron en 2011, en la administración de Borge Angulo. Al frente de la Secretaría del Trabajo y de las Juntas de Conciliación estaba Patricio de la Peña, hermano del actual diputado y dirigente estatal del Partido Verde, José de la Peña e hijo del notario No. 20, Benjamín de la Peña Mora, ante quien fue escriturada la sociedad creada por Maioris Cancún para la venta de condominios, empresa que perdió 19 departamentos valuados entre 350 mil y hasta un millón 500 mil dólares.
Patricio de la Peña, militante del PRI, fue contemplado en el equipo del verdeecologista y presidente municipal, Remberto Estrada Barba como secretario del Ayuntamiento, pero debido a estos casos de corrupción en los que presuntamente está vinculado fue desechada esa propuesta y ahora forma parte del equipo de asesores del presidente municipal.
El exsecretario del Trabajo explica que nunca detectaron ninguna irregularidad en los casos atendidos por las juntas de conciliación y arbitraje. (Virginia Próspero/Quintan Roo Hoy)
