A “salto de mata” se encuentra Juan Pablo Guillermo Molina, ex titular de la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) en la administración de Roberto Borge. Se le vincula con el desfalco de alrededor de mil 500 millones de pesos del Impuesto al Hospedaje de Quintana Roo de los años 2014 y 2015.
También se le acusa de adquirir cientos de hectáreas en poblaciones conurbadas de Mérida, a través de prestanombres y familiares.
En la comunidad de Ulila, municipio de Ucú, Yucatán, el ex tesorero de Borge Angulo “adquirió” 154 hectáreas a través de su hermano, Manuel Alberto Guillermo Molina, según datos del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del vecino estado.
En los documentos se describe que la titulación de los predios, otorgada por el Registro Agrario Nacional (RAN), expedidos por el delegado federal José Luis Carlos Ramírez, comenzaron el 25 febrero de 2015, cuando Manuel Alberto Guillermo Molina tenía 26 años, aunque el acta de la asamblea fue fechada en mayo de 2013.
Debido al “enriquecimiento” que ya acarreaba Juan Pablo Guillermo Molina, la organización “Somos Tus Ojos” presentó en abril de 2016, ante la Décimo Cuarta Legislatura, una solicitud de juicio político en contra del ex funcionario, por el presunto desvío de 724 millones 766 mil pesos del Impuesto al Hospedaje de 2014 y 739 millones 838 mil pesos del mismo gravamen de 2015, que no se canalizaron a los fideicomisos de promoción.
Sobre el ex funcionario también pesa una orden de aprehensión liberada en junio pasado por las irregularidades detectadas en la paraestatal Servicios Aéreos Ejecutivos (VIP Saesa), que involucra también al ex gobernador Roberto Borge Ángulo y a 10 ex funcionarios más de la administración pasada.
Pero esas no son todas las acusaciones, ya que se le señala de ser cómplice del destino incierto de recursos millonarios pagados por Aguakan a la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA) por la concesión del servicio de agua potable y alcantarillado en el municipio de Solidaridad, dinero que entró y salió al siguiente día de recibido, así como por la contratación y manejo de la deuda de largo plazo, la segunda más elevada del país.
Juicio continúa
En su momento, la organización “Somos Tus Ojos” dio a conocer que el juicio político interpuesto por el presunto desvío de casi mil 500 millones de pesos recaudados del impuesto al hospedaje, se encontraba detenido, luego de que Guillermo Molina interpusiera un amparo, el cual quedó registrado con el número 262/2017, y el cual fue resuelto de manera desfavorable para el ex funcionario, el pasado 20 de septiembre de 2017, y se sobreseyó.
Luego del revés, la Comisión Instructora, integrada por los diputados Emiliano Ramos, Jesús Zetina y José Luis González, tiene muchas pruebas para continuar el juicio político en contra de Guillermo Molina, que actualmente se encuentra prófugo de las autoridades.
LA DENUNCIA
En febrero de 2016, Daniel Ávila Ruiz, legislador yucateco, acudió a la Procuraduría General de la República para presentar una denuncia contra Guillermo Molina por la adquisición ilegal de terrenos, hecho que fue denunciado por los legítimos propietarios. También fue denunciado José Luis Carlos Santos Ramírez, ex titular de la Delegación del Registro Agrario Nacional en Yucatán.
Renán Moguel
Quintana Roo Hoy
