De forma paulatina las fuerzas federales retornarán a Quintana Roo, donde se ubican los principales destinos turísticos de México y donde hasta el momento cuentan con el apoyo de 860 policías militares y 300 agentes federales para las tareas de seguridad en sus 11 municipios.
La idea, según la reunión que sostuvo el gobernador Carlos Joaquín con autoridades del Sistema Nacional de Seguridad Pública, es que el estado vuelva a tener el apoyo de 3.200 elementos de la Policía Militar y más de 1.000 de la Federal.
El secretario estatal de Seguridad Pública, Alberto Capella informó que desde diciembre fueron desplazados el 70% de estos elementos al centro del país para concentrarlos en el combate al huachicoleo.
En estos momentos, entonces, Quintana Roo cuenta solo con 860 policías militares y 300 agentes federales para las tareas de seguridad en sus 11 municipios de los cuales Benito Juárez y Solidaridad, con cabeceras en Cancún y Playa del Carmen, registran los índices más elevados de crímenes atribuidos al narco.
Tomando en cuenta una población estatal de un millón 600 mil habitantes, conforme a proyecciones del Conapo, serían 53 policías militares y 19 agentes federales por cada 100 mil habitantes de Quintana Roo.
El aumento en los índices de inseguridad en Quintana Roo, así como en varios estados del país, está relacionado con los homicidios dolosos o “ejecuciones”, el uso de armas de fuego, el tráfico de indocumentados, el narcotráfico y, en general, el crimen organizado.
Para combatir esos delitos el gobierno federal recibe el 92% del presupuesto destinado a las funciones de Seguridad Pública pero, en la práctica, continúa la porosidad en aduanas donde ingresan ilegalmente las armas con las que son cometidos el 90% de los crímenes violentos, principalmente del crimen organizado, y hay descontrol migratorio que permite extorsiones como las de los colombianos del Gota a Gota, además de deficiencias en el combate al lavado de dinero como principal fuente de financiamiento de estos grupos criminales.
De acuerdo con el Presupuesto de Egresos de la Federación, los recursos destinados para atender la seguridad pública en el país se distribuyen de la siguiente manera: el gobierno federal recibe 92%, los estados 4.6% y los municipios 2.5%.
