Ante nuevas auditorías que se realizan al interior del Instituto de Seguridad Social y Servicios de los Trabajadores del Estado (Issste), el ex delegado de la instancia, Fernando Castro Borges, renunció de manera sorpresiva arrastrando un proceso por desvío de recursos en su paso como delegado del Consejo Nacional de Fomento Educativo (Conafe) en la entidad por montos superiores a los 300 mil pesos.
Martín Castro Borges se desempeñaba como subdelegado de prestaciones en la delegación del Issste en Quintana Roo, y posteriormente ante la salida de la entonces delegada Cora Amalia Castilla Madrid, ahora candidata a la diputación federal por el distrito 02, dicho personaje llegó a esa posición.
Ante la salida intempestiva sin aviso alguno, se presume que el ex delegado no aguantaría una nueva auditoría tras el procedimiento que provocó su inhabilitación por un año y una sanción de la función pública por más de 315 mil pesos.
Hay que enfatizar que fue duramente sancionado por la Secretaría de la Función Pública a nivel federal por hacer uso indebido del presupuesto, a su paso por la delegación de la Conafe.
En el 2013 el ex delegado de la Conafe generó una malversación del presupuesto que derivó en la salida de la delegación el 11 de enero de dicho año.
En ese entonces el Órgano Interno de Control del Conafe detectó el 14 de diciembre de 2011 anomalías que motivaron estas observaciones:
“Otorgamiento de apoyos económicos por 321 mil 600 pesos a personal de la Delegación a través del Convenio Modificatorio para el Fortalecimiento del Programa de Educación Comunitaria”, señaló.
Precisa el documento que en 2010 se realizaron pagos por 321 mil 600 pesos a 18 personas que realizan funciones administrativas, contraviniendo lo señalado en dicho Convenio.
Pero además, en los ejercicios 2011 y 2012, Castro Borges entregó indebidamente apoyos económicos por 678 mil 400 pesos a personal de la Delegación, recursos correspondientes a tal Convenio Modificatorio. A ello se sumó el desvío de otros 90 mil 550 pesos para alimentos y hospedaje.
De la revisión efectuada a dicho Convenio, y a las erogaciones efectuadas con aportaciones del gobierno de Quintana Roo (ejercicio 2011), se detectaron pago mensuales por 339 mil 200 pesos por concepto de apoyos económicos al personal que desempeña funciones administrativas en la delegación del Conafe.
Existen procesos de la función pública por firmar documentos como licenciado cuando en realidad está incurriendo en un delito de usurpación de funciones, ya que no aparece en portales oficiales nacionales su cédula profesional que lo acredite como tal, motivos que serían los suficientes para renunciar intempestivamente a dicha delegación.
Samuel Caamal/Grupo Cantón
