QUINTANA ROO.-La Fiscalía General de Quintana Roo, que encabeza Óscar Montes de Oca Rosales, investiga acuerdos que la ex secretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles Berlanga, estableció en 2015 y 2016 con el gobierno de Roberto Borge, mediante los cuales transfirieron 906 millones del erario a un selecto grupo de empresas fantasma, como parte de la llamada “Estafa Maestra”.
De hecho, las autoridades estatales dan seguimiento a dos onerosos convenios que concretó la ex titular de la Sedatu y de la Sedesol, quien el 8 de agosto deberá comparecer ante la Fiscalía General de la República como parte de una investigación por ejercicio indebido del servicio público, con la Universidad Politécnica de Quintana Roo, encabezada por Raúl Arístides Pérez, y con el Sistema Quintanarroense de Comunicación Social, que llevaba entonces Gerardo Vázquez Handal, el primero por 97 millones de pesos y el segundo por la cantidad de 806 millones.
De acuerdo con la columna Historias de Negocios, de Mario Maldonado, que publica el periódico capitalino El Universal bajo el título “Verano peligroso para Rosario Robles”, ambos casos también son objeto de denuncia penal por parte de la Auditoría Superior de la Federación, a cargo de David Colmenares. Según las cifras que arrojó la revisión 16-E-23001-12-1701 a las finanzas estatales de Quintana Roo, el monto que los operadores de Sedatu y Sedesol diluyeron en el Estado fue el más grande del que se tiene registro en cualquier otra parte del país y representa casi 23 por ciento del total de la “Estafa Maestra”.
La investigación, de acuerdo con el autor, corre aceleradamente en la entidad que gobierna Carlos Joaquín González. Se asume que millonarios recursos provenientes del presupuesto federal habrían ido a parar a ocho empresas fantasma, relacionadas todas con personajes cercanos al ex mandatario Roberto Borge.
Se trata de las compañías Competencia y Habilidades para el Trabajo, AC; Centro de Capacitación y Evaluación Peninsular, SA de CV; Infotecnick, SA de CV; Integración Documental, SA de CV; Sistemas Informáticos, SA de CV; Comercializadora DW Prisma, SA de CV; Custom Performance, SA de CV y Mars, Integradores en Telecomunicaciones e Informática, SA de CV.
La mayoría de estas razones sociales justificaron la recepción de pagos oficiales mediante el apoyo para la producción de una supuesta campaña de comunicación de la Sedatu, en el modesto Sistema Quintanarroense de Comunicación Social y con un costo superior a los 800 millones de pesos.
Es por eso que, aunque el juez Décimo de Distrito concedió ya un amparo a Rosario Robles para no ser detenida en el corto plazo, la amiga y fiel colaboradora de Enrique Peña Nieto tendría ya en puerta nuevos citatorios y procesos de mayor complejidad para su defensa, la mayoría radicados en Cancún.
De acuerdo con el columnista, el ex gobernador Roberto Borge fue señalado como uno de los principales financiadores de la campaña presidencial de Peña Nieto con dinero público, pero además se convirtió también en uno de los más asiduos promotores y acompañantes de Rosario Robles en su Cruzada Nacional Contra el Hambre, emprendida desde la Secretaría de Desarrollo Social, que en Quintana Roo estaba encabezada por Marybel Villegas Canché, actual senadora de Morena.
