Felipe Carrillo Puerto.- Ex trabajadores del Ayuntamiento de Felipe Carrillo Puerto que fueron despedidos de manera injustificada en administraciones pasadas, buscaran embargar el palacio municipal, sus cuentas o cualquier propiedad de valor para que sean liquidados conforme a la ley por los años de servicio.
El apoderado legal de los 72 demandantes José Luis Oseguera Ramírez, informó que debido al incumpliendo de acuerdos por la falta de interés de las autoridades municipales para liberar el pago de 16.3 millones de pesos por concepto de sueldos caídos y demás prestaciones se tomó esta drástica decisión contemplada en la ley.
Ante la falta de voluntad política loa inconformes solicitaron a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje se actué de manera inmediata en contra del municipio que preside Pauli Perera Maldonado.
“Estamos en el proceso de ejecución del laudo, en dos ocasiones acudimos con el actuario a requerir el pago y lamentablemente el ayuntamiento se ha negado rotundamente apagar y ya metí un tercer requerimiento. Se nos citó a las 10 de la mañana, al Síndico y al director jurídico del ayuntamiento para entablar un dialogo y de ser posible llegar a la conciliación lamentablemente ya son más de las 10 y no veo a nadie del ayuntamiento y eso me demuestra el nulo interés que tienen para llegar al arreglo. Si no hay conciliación no me queda más que el camino jurídico que es el tercer requerimiento yo ya le dije al presidente del tribunal que se me otorgue el derecho de embargo. Si no quieren pagar y si la presidenta sigue en ese plan yo voy al congreso a solicitar”.
El abogado de los ex trabajadores, reveló que la presidenta municipal Pauli Perera Maldonado, se ha negado a conciliar el pago por 16 millones 350 mil pesos millones que se les adeuda desde hace varios años, cayendo en desacato al laudo condenatorio a favor de sus representados, por lo cual no solo están solicitando el embargo de propiedades y cuenta bancarias, si no también entablarían una demanda de juicio político en contra de la alcaldesa.
“El problema radica en que si no se paga va subir la cuenta y si llegamos a diciembre del 2017 ya van hacer 18 o 19 millones y por eso urge llegar a un acuerdo con este ayuntamiento pero si la presidenta municipal sigue en ese plan yo voy a proceder con un juicio político, demandar a la PGR y cualquier otra instancia porque hay un desacato a una orden federal y también puedo ir a la Fiscalía General del Estado”.
Añadió que a pesar de haber interpuesto ya dos requerimientos de pago al ayuntamiento, no ha existido voluntad política para liberar el pago que les corresponde por ley, justificando que este problema legal no es responsabilidad de esta administración.
Por lo cual se entablara un tercer requerimiento ante el tribunal de conciliación y arbitraje y se analiza la posibilidad también de demandar ante la PGR y la Fiscalía General del Estado, asegurando el desacato a una laudo federal configuran delitos en contra de la presidenta municipal de Felipe Carrillo Puerto. (Por Julián Puente / Quintana Roo Hoy)
