Un grupo de animalistas y autoridades del Ayuntamiento de Othón P. Blanco lograron rescatar a una perra que fue abusada sexualmente por al menos ocho personas en la colonia Centro de Chetumal. La asociación protectora de caninos presentó una denuncia ante la Fiscalía General, y aseguran que como este caso hay muchos más, sobre todo en los sitios donde hay personas en mendicidad y alcoholismo.
Magdalena Mulia Cabrera, de la asociación protectora de caninos informo que se presentó una denuncia por maltrato animal ante la Fiscalía General del Estado.
“Venimos a denunciar por zoofilia y maltrato animal, el caso se ha hecho público a través de redes sociales y donde se sabe que una perrita ha sido abusada sexualmente en varias ocasiones por un grupo de indigentes y estamos pidiendo solución”, apuntó.
Magdalena informó que dos médicos veterinarios distintos, uno de la Dirección de Salud municipal y un particular confirmaron que la canina había sido abusada sexualmente en varias ocasiones.
El caso del abuso fue reportado el pasado martes en la página de Facebook del Voluntariado CAC luego de haber intervenido ante el reporte de una persona que aseguró haber visto el abuso en contra del animal.
La rescatista resaltó que lo importante de este caso es que la persona que presenció el hecho está dispuesta a declarar, por lo que se interpuso una denuncia ante la Fiscalía General.
Aseguró que llegarán hasta las últimas consecuencias sobre este hecho, que no es el único, pues recordó que hace algunos años, un cachorro macho en Chetumal fue abusado y debido al daño ocasionado, tuvo que ser sacrificado, pero que no hubo sanción al agresor.
El artículo 34 de la Ley de Protección y Bienestar animal del estado establece que los actos de perversión sexual o conductas anormales efectuados por un ser humano a un animal, se considera “acto de crueldad y maltrato que debe ser sancionado”.
Los vacíos legales han impedido que se pueda actuar sobre los casos denunciados. Las asociaciones animalistas aseguran que dicha ley, vigente desde hace cuatro años, no permite la aplicación de la justicia contra los maltratadores.
(De la Redacción/Grupo Cantón)
