*El diputado del PT, Roberto Erales quien fue uno de los que votó en contra, dijo que él a diferencia de sus compañeros de bancada no se prestó al juego sucio
*Son seis secretarías paraestatales y ayuntamientos, los que presentaron irregularidades en el gasto correspondiente a la Cuenta Pública 2018
*Los ayuntamientos de Puerto Morelos, Tulum, Othón P. Blanco, Felipe Carrillo Puerto, Solidaridad y José María Morelos también presentan anomalías
CRISTINA ESCUDERO
GRUPO CANTÓN
CANCÚN. El gobierno del estado de Quintana Roo que encabeza Carlos Joaquín González, no ha comprobado 111 millones de pesos de la Cuenta Pública del Ejercicio 2018, y la cual fue aprobada por 19 votos a favor y cinco en contra durante la sesión ordinaria número 19 del Congreso del Estado.
El diputado del Partido del Trabajo (PT), Roberto Erales quien fue uno de los que votó en contra, dijo en entrevista para Grupo Cantón, que él a diferencia de sus compañeros de bancada no se prestó al juego sucio y reprobó el ejercicio del gasto público porque no es posible que “anden bailando 111 millones de pesos”.
Al respecto, argumentó que fue la Legislatura anterior quien hizo modificaciones a la ley para que la actual Legislatura (XVI) tuviera limitado acceso a la información de cómo se ejerce el gasto público, además le dio más legalidad en este sentido a la Auditoría Superior del Estado (ASE), que preside Manuel Palacios Herrera, y aunque ésta depende del Congreso del Estado, está al servicio del Ejecutivo.
El diputado Roberto Erales reprueba esta situación.
“Las auditorías son como los maestros limpios, porque limpian todas las cuentas y a eso le sumamos que la Comisión de Hacienda del Congreso, está hecha a modo de los intereses que deben defender, argumentando que si hay observaciones, éstas son a través de otros procedimientos legales”, señaló.
De por sí -dijo- las cuentas siempre se han aprobado a ciegas y el auditor castiga a los ayuntamientos pero no al gobierno estatal, porque hay simulación de que existen observaciones sobre el gasto del Ejecutivo pero no se castigan.
“Los tres poderes constitucionales debemos ser transparentes, cada vez la gente está más amolada y a pesar de eso seguimos con la corrupción y siguen los desvíos del gobierno a través de las dependencias, pero ya vendrán las comparecencias y ahí tenemos mucho qué cuestionar”, abundó el diputado.
En este sentido son seis secretarías, paraestatales y ayuntamientos, los que presentaron irregularidades en el gasto correspondiente a la Cuenta Pública 2018, destacando la Secretaría Estatal de Obras Públicas (SEOP), que debe comprobar más de 17 millones de pesos; la Secretaría de Turismo (Sedetur) debe comprobar 2.3 millones de pesos; la Secretaría de Educación, 912 mil pesos; la Secretaría de Desarrollo Social (Sedeso), 2.9; la Secretaría de Desarrollo Agrícola Rural y Pesca (Sedarpe), supera el millón de pesos, en tanto que la Secretaría de Medio Ambiente (Sema), 2.3 millones de pesos.
Entre los entes paraestatales que también presentaron irregularidad se encuentra el Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos (Cecyte) con 362 mil 540 pesos; el Instituto para la Juventud, 139 mil; la Universidad Tecnológica de la Riviera Maya, 1.4 millones de pesos; la Universidad Politécnica de Bacalar, 1.3 millones de pesos; la Universidad Intercultural Maya con más de 20 millones de pesos; la Universidad de Quintana Roo resta por solventar 1.7 millones; mientras que la Agencia de Proyectos Estratégicos, 6.5 millones.
Cabe mencionar que en las observaciones se reportó que la Coordinación General de Comunicación (CGC), no ha comprobado el gasto de 647 mil pesos.
AYUNTAMIENTOS
En el caso de los gobiernos municipales, Cozumel, que tiene como alcalde a Pedro Joaquín Delbouis, debe solventar más de ocho millones de pesos; mientras que Puerto Morelos en manos de Laura Fernández Piña, resta solventar 5.9 millones de pesos.
Otros ayuntamientos con falta de transparencia, son el del alcalde Víctor Mas Tah, ya que aún no ha comprobado un gasto de 5.4 millones de pesos; Othón P. Blanco tampoco ha solventado el gasto de 4.5 millones de pesos; Felipe Carrillo Puerto se excede un millón 200 mil pesos; mientras que el municipio de Solidaridad no haber comprobado 754 mil pesos y José María Morelos debe aclarar el gasto de más de 354 mil pesos.
El Sistema DIF municipal de Solidaridad resta por solventar 94 mil pesos; la Operadora y Administración de Bienes Municipales S.A. de C. V, tres millones 150 mil pesos, mientras que el Instituto Municipal de la Mujer de Benito Juárez, 4.5 millones de pesos.
