CANCÚN.- El proyecto del Tren Maya corre un alto riesgo de terminar judicializado, aseguró el director general del Centro Mexicano de Derecho Ambiental, Gustavo Alanís Ortega.
Al tratarse de un proyecto federal, se somete a una gran presión a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), que es la que tendrá que evaluar y determinar si una obra de esta magnitud es viable en términos ambientales, “y muy difícilmente le negará los permisos, porque ¿cómo le van a decir que no al presidente?”, dijo.
El Tren Maya, agregó, debe cumplir con una serie de pasos para poder llevarse a cabo. En primer lugar realizar los estudios de impacto ambiental y que esos estudios obtengan un resolutivo favorable de Semarnat.
Además, consultar a los pueblos indígenas en términos de la ley y en concordancia con el convenio 196 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblo Indígenas.
También, respetar los usos de suelo de todo el recorrido del tre, y cerciorarse que los cambios de estatus en terrenos forestales sean apegados a derecho.
Aunado a ello, debe quedar claro cómo se evitará la afectación a las áreas naturales protegidas, como la de Calakmul en Campeche, además de clarificar las soluciones técnicas para un proyecto de esta magnitud en un suelo kárstico o poroso, como el de la península de Yucatán.
Por Jesús Vázquez/Grupo Cantón
