CANCÚN, Quintana Roo.- Ante la negativa de Asur a permitirles otorgar servicio de transportación en las terminales 3 y 4 del Aeropuerto Internacional de Cancún, alrededor de 60 operadores de la empresa Transportes Terrestres Aeroportuaria (TTA, antes Chac Mool) se manifestaron en el edificio administrativo.
Con pancartas en las que denuncian favoritismo, solicitan la intervención de la Cofece y trabajo en igualdad de condiciones, manifestaron su molestia y rechazo con una manifestación pacífica.
En el lugar, Florentino Medina Cauich, secretario general del sindicato de la agrupación, dijo que Asur ha preferido darle contratos a empresas foráneas, desplazando a las pioneras como TTA, que han otorgado la transportación desde hace más de dos décadas en la terminal aérea.
Explicó que tienen la concesión y el permiso de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) para operar en todas las terminales, pero los han relegado y no les han permitido trabajar desde el 2008.
Dejó ver que son alrededor de 300 trabajadores afectados en 90 unidades y que el lugar que a ellos les corresponde por antigüedad y por concesión fue entregado a la empresa Super Shuttle, que tiene acaparado el servicio y a un elevado costo; y Yellow Cab.
A pesar de que se manifestaron en las oficinas administrativas de la terminal de Asur, los manifestantes no tuvieron ningún acercamiento con el personal de la empresa, que ni siquiera salió de sus oficinas.
PROTESTA
Florentino Medina, explicó que esta protesta estaba programada desde hace un tiempo atrás, para hacer valer sus derechos y exponer sus argumentos ante la opinión pública, pero habrían sido disuadidos por ejecutivos de la empresa “Green Line”, con la que tienen un contrato colectivo de trabajo, en cuya empresa, por cierto, se siguió ofertando el servicio de transportación porque no todos los sindicalizados participaron durante la manifestación que duró poco más de hora a partir del mediodía.
No obstante, dijo: “ante la nula respuesta hemos decidido protestar para ser tomados en cuenta” y para ello dijeron que también tiene conocimiento el gobierno del estado, por lo cual también solicitaron su intervención a favor de más de 300 familias que se ven afectadas por querer despojar a dichos trabajadores sindicalizados de sus fuentes de trabajo.
