Carlos Águila Arroyo
GRUPO CANTÓN
CANCÚN.- El tema de Aguakan se judicializó y el gobierno de Quintana Roo acatará el fallo del Poder Judicial, dijo el diputado local Luis Humberto Aldana Navarro, quien confió en que el control del agua potable regrese al estado; además, “se revisa un posible desvío de recursos” por parte de la concesionaria.
Al término de una entrevista radial en Noticias Quintana Roo Hoy, el presidente de la Jugocopo (Junta de Gobierno y Coordinación Política) dijo que la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA) está capacitada para sustituir a Desarrollos Hidráulicos de Cancún (razón social de Aguakán).
“Nosotros actuamos de manera responsable, de acuerdo al clamor popular de que Aguakán no está prestando un buen servicio, hay muchas deficiencias, cobros excesivos, no hay atención al tema de fugas”, sostuvo el legislador.
Recordó que con base en una consulta popular ─5 de junio de 2021 sobre la permanencia o no de la empresa─ el Congreso estatal, de mayoría morenista, emitió el decreto que abrogó el decreto de 2014 que ampliaba la concesión del servicio para Aguakán, hasta el año 2053.
Sobre el amparo que solicitó la empresa y que le permite seguir con el servicio, externó que “el tema ya se judicializó”, y aseguró que el gobierno de María Elena Hermelinda Lezama Espinosa respetará la decisión del Poder Judicial.
También líder de la bancada del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), indicó que en la concesión se detectó la ausencia documental de dos artículos aprobados en 2014: “No estaban en el decreto que amplió la concesión aprobado por desconocimiento o intencionalmente”.
Explicó que las dos omisiones son: dónde se dirimirían las diferencias, los pleitos ─que era en el extranjero─, y el modelo de negocio, “la mentira más grande porque engaña al pueblo, al gobierno, a los legisladores e inversionistas”.
Humberto Aldana habló de un posible desvío de recursos ─“investigación ya en curso”─ por los más de mil 50 millones de pesos que Aguakán pagó a la CAPA, dependencia que los entregó al gobierno estatal de aquel entonces: “Hay que ver de quién era la cuenta y hacia dónde se fue ese dinero”.
El legislador guinda concluyó que el Congreso estatal está facultado para modificar leyes y decretos cuando hay un tema de interés público, con deficiencias de origen y el peligro de que se continúe saqueando el erario.
