Jesús Vázquez
CANCÚN, Q. Roo
El resolutivo que exime al Fondo de Fomento al Turismo (Fonatur) de toda responsabilidad legal en la remoción de especies protegidas al interior del Malecón Tajamar también lo blinda ante eventuales demandas de las empresas particulares que compraron terrenos dentro del complejo.
Es la lectura que le da el movimiento Salvemos Manglar Tajamar (SMT) luego de que se les notificara oficialmente que fueron desechadas las 4,333 denuncias ciudadanas interpuestas ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) en contra de Fonatur por incumplimiento de la condicionante ambiental que obligaba al Fondo a realizar un programa de rescate de flora y fauna previo al desmonte de vegetación el pasado 16 de enero.
En conferencia de prensa, Aracely Domínguez Rodríguez, miembro del movimiento SMT, dijo que se evidencia una vez más que el papel de Profepa en este asunto es un “insulto para la sociedad, pues eximen a Fonatur de toda responsabilidad cuando aún no se tiene una sentencia definitiva de Tribunales en el caso, además de que la propia Profepa no ha resuelto la denuncia sobre la posible ilegalidad en la aprobación de la Manifestación de Impacto Ambiental otorgada por Semarnat a Fonatur en 2005”.
La activista dijo que este resolutivo “le lava la cara” a Fonatur ante eventuales demandas de los compradores de terrenos en Malecón, pues al estar exento de toda responsabilidad, las eventuales denuncias no tendrían materia legal para prosperar en caso de que se acusara al Fondo de haber vendido terrenos con impedimentos o irregularidades ambientales.
Cabe recordar que el departamento jurídico de Fonatur adelantó en conferencia de prensa en la Ciudad de México, que el Fondo estaba expuesto a demandas por más de 3,000 millones de pesos en caso de no haber desmontado los terrenos que ya habían sido comercializados y entregados a un total de 22 empresas desarrolladoras.
Domínguez Rodríguez dijo que este resolutivo también podría tener incidencia en algunos de los juicios de amparo en los que se controvirtió el proceder de Fonatur la noche del 16 de enero, así como aquellos en los que se cuestiona la legalidad de los permisos otorgados en 2005.
La también dirigente del Grupo Ecologista del Mayab (Gema) anunció por último que tomarán las medidas jurídicas pertinentes para rebatir la decisión de Profepa.
Anuncian medidas jurídicas
Se trata de una vergüenza e insulto para la sociedad que la autoridad encargada de proteger el ambiente minimice los impactos de la tala del manglar y dé por hecho que el Fonatur actuó dentro del marco legal cuando aún no se tiene una sentencia definitiva de un juez en el caso y la Profepa no ha resuelto la denuncia sobre la posible ilegalidad en el resolutivo de la DGIRA sobre la Manifestación de impacto Ambiental presentada en 2005.
Salvemos Manglar Tajamar anunció que tomará las medidas jurídicas pertinentes para rebatir la decisión de Profepa ya que el resolutivo dado a conocer señala que Fonatur cumple con los requerimientos legales basado en la autorización de 2005 que es parte de la denuncia que la organización presentó en agosto del 2015 y de la cual todavía no hay un resolutivo de parte de la Profepa. “Es una pena que la Profepa hable de investigaciones exhaustivas cuando en los hechos no pudo constatar los daños a la flora y fauna debido a que realizó sus inspecciones 10 días después de que sucedió el desmonte”, comentó Domínguez Rodríguez.
“Es lamentable conocer que la Profepa justifica los daños al manglar, un ecosistema primordial para la conservación de los mares, habitat de múltiples especies y barrera natural contra los huracanes”.
Aval de Profepa
Después de una detallada investigación en campo y de gabinete, y una vez valorados todos los medios probatorios ofrecidos por ciudadanos denunciantes así como el citado organismo, se determinó que el referido desmonte contó con una autorización expedida por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).
Tras los hechos ocurridos la madrugada del pasado 16 de enero elementos de Profepa en Quintana Roo, en coordinación con personal de la Subprocuraduría de Recursos Naturales, realizaron una visita de inspección del 26 al 28 de enero del mismo año, instaurándose al efecto procedimiento administrativo por posibles irregularidades en contra de la Autorización en Materia de Impacto Ambiental otorgada a su favor en julio de 2005.
Para efecto de lo anterior, la Profepa cotejó exhaustivamente los 16 términos y 3 condicionantes señalados en la Autorización de referencia, así como las 65 medidas de prevención y mitigación establecidas en la Manifestación de Impacto Ambiental en su modalidad Particular, cuyo cumplimiento fue acreditado por Fonatur.
Adicionalmente, y a efecto de garantizar el derecho a un medio ambiente sano, la Profepa para la emisión de la resolución correspondiente, consideró además las pruebas ofrecidas dentro de las 1,188 denuncias interpuestas ante la Delegación de la Profepa en Quintana Roo, las cuales sirvieron para robustecer el análisis efectuado dentro del procedimiento administrativo instaurado.
Siendo importante destacar, que las pruebas ofrecidas por los denunciantes apoyaron la información recabada por inspectores federales, en relación a la presencia de fauna silvestre en el lugar previo a la remoción, y en fecha posterior a ese acto.
Por ello, Profepa ordenó a Fonatur concluir con el programa de rescate de fauna, acreditándose por el citado Fondo una imposibilidad material para tal efecto derivado de la oposición de algunos grupos de personas apostados en el lugar. Estos hechos fueron fedatados por notario público.
La vigencia de la autorización de Fonatur concluyó previo a la emisión del resolutivo de Profepa, por lo que ese permiso ha quedado sin efecto alguno, aunado a que los nuevos propietarios de los terrenos deberán tramitar nuevas autorizaciones ante la Semarnat, para poder realizar actividades inmobiliarias o el retiro de vegetación en el lugar.
