CANCÚN.- Quintana Roo escaló de los últimos lugares en los índices nacionales de transparencia para ocupar el sitio 1 y 4 en dos de los más importantes indicadores sobre gasto federalizado y calidad de la información.
En cuanto a calidad de la información, el portal de Transparencia Presupuestaria coloca a Quintana Roo en el sitio a nivel nacional, junto con Hidalgo y Campeche, por informar trimestralmente a la Cámara de Diputados sobre los recursos que le transfiere la Federación a la entidad. Según este índice, Quintana Roo ha cumplido mejor que el resto de las entidades en información en qué se gastan los recursos, el avance en el ejercicio de las transferencias, así como el impacto que está teniendo el gasto federalizado sobre la población.
Rafael del Pozo Dergal, secretario de la Contraloría del estado, comentó que el otro índice en el que Quintana Roo ha despuntado hasta el cuarto lugar nacional es el referente a la información financiera del estado, en el que la entidad ocupaba el sitio 22 en 2016, pasó al sitio 16 en 2017 y en 2018 ya se sitúa en el sitio 4.
Se trata, dijo, de un notable avance respecto de la situación en la que se encontraba el estado durante la administración anterior, pero no significa de ninguna manera que haya un ánimo de triunfalismo en el gobierno del estado, pues sigue habiendo muchos pendientes como el de la agilización de trámites, puesto que Quintana Roo se ubicó en la última medición entre las entidades donde es más difícil abrir un negocio.
Dijo además que también la entidad está muy mal evaluada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) en cuanto a corrupción en trámites de gobierno.
El otro gran pendiente son los rezagos en transparencia de los municipios, ante lo cual se conformó la Comisión Permanente de Contralores del estado, que integra a todos los órganos internos de control de todas las dependencias, tanto estatales como municipales.
Dicha comisión se abocará en primera instancia a realizar un censo de las capacidades de los municipios para el cumplimiento de sus obligaciones de transparencia, pues en muchos casos los tienen apenas uno o dos funcionarios encargados de atender todas las obligaciones que se desprenden de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Quintana Roo, explicó Del Pozo. En segundo lugar, el estado podría subsidiar algunas mejoras en cuanto a capacidad técnica y humana de los ayuntamientos y otros sujetos obligados para garantizar que puedan cumplir con sus obligaciones de transparencia, dijo.
Jesús Vázquez
Grupo Cantón
