Organizaciones como la Red + Posithiva de Quintana Roo AC, ICW México y UNAYAC, “exhortamos a las y los integrantes de las comisiones de Justicia, Derechos Humanos, Desarrollo Familiar y Grupos en Situación de Vulnerabilidad, y de la Gran Comisión, en particular a la Diputada Laura Esther Beristaín Navarrete, a reconsiderar la penalización del VIH y a bajar esta iniciativa, que pretende colocar a las personas con VIH bajo un estatus de posibles criminales”, petición que han hecho pública a través de una ‘carta abierta’, con copia para el gobernador del estado, Carlos Joaquín González.
Lo anterior se desprende de la iniciativa que la propia Beristain Navarrete ingresara para su análisis a las comisiones relacionadas el, “Decreto por el que se reforma el Artículo 113 y se adiciona dentro de la sección tercera, “Delitos Contra la Sociedad”, el titulo Séptimo, ‘Delitos contra la salud pública’”, la cual pretende reformar el artículo 113 del código penal y castigar de cinco a veinticinco años con prisión a quien contagie o infecte con virus peligrosos a otras personas.
En el documento, los activistas sociales señalan dos puntos que deben atender los diputados antes de aprobar la criminalización del contagio; por un lado, la contravención a los acuerdos y tratados internacionales que ha signado México en materia de Derechos Humanos, derechos de la mujer, grupos vulnerables, entre otros.
El segundo se refiere a la estigmatización de las personas portadoras del Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH): “La penalización favorece el estigma y la discriminación hacia personas con VIH, incluyendo a las niñas, niños, adolescentes y mujeres, por lo que resulta contradictorio impulsar acciones que contravienen a la dignidad de estos grupos vulnerables”.
El documento destaca también el complejo que resultaría determinar el dolo: “ Es muy difícil determinar la causalidad, el dolo, la intencionalidad ya que intervienen diversos factores en la trasmisión del VIH, como son: la posibilidad de la trasmisión, el tipo de exposición, el uso o no del condón, la etapa de la infección en la que se encuentra la persona, si lleva tratamiento antirretroviral o no, si tiene carga detectable o indetectable, si existen enfermedades concomitantes, el estado de la pareja receptora y los acuerdos establecidos entre cónyuges o parejas ocasionales, entre otros”.
En términos generales, el documento hace un fuerte énfasis en lo complicado que ha resultado a las autoridades del sector salud, a las organizaciones sociales y a todos aquéllos que trabajan en la prevención, lograr que las personas accedan a practicarse pruebas para determinar una eventual infección, con las complicaciones que ello supone que van desde la oportunidad de un tratamiento más efectivo, hasta el potencial contagio de otras personas.
Trasciende, desde luego, que al estigmatizar a los enfermos con VIH, las políticas de prevención serían un rotundo fracaso, toda vez que a nadie le interesaría hacer del conocimiento de la autoridad su padecimiento, por miedo a ser criminalizado. (De la Redacción/QUINTANA ROO HOY)