Santiago Rodas / Grupo Cantón
Denuncias anónimas revelan que una gran cantidad de obreros pagan por trabajar en las construcciones en Quintana Roo.
Cancún.- Desde las primeras horas de la mañana, obreros con mochilas raídas, botas empolvadas y miradas resignadas se congregan en puntos clave de Cancún como el crucero, la supermanzana 66 o “la Rejoyada” en la SM 65 y 68. Buscan lo que cada semana se convierte en una lotería: trabajo en alguna de las obras en expansión del polo turístico más importante del Caribe mexicano. Sin embargo, conseguir empleo en el sector de la construcción ya no depende sólo del esfuerzo o la experiencia; ahora, para trabajar, primero hay que pagar.
Denuncias anónimas recopiladas por esta redacción revelan un esquema de extorsión operado por sindicatos infiltrados por células del crimen organizado.
A los trabajadores se les exige una “cuota de afiliación” semanal que puede ir de los mil hasta los tres mil pesos, según el tipo de obra, el salario pactado o el contratista a cargo.
Bajo el pretexto de “garantizar su seguridad en el sitio de trabajo”, los sindicatos extorsionan abiertamente a cientos de albañiles, plomeros, electricistas, pintores y ayudantes.
“Si no pagas, no trabajas. O te sacan de la obra. Y si reclamas, es peor. Te amenazan o te vetan de todas las construcciones”, dijo un obrero que prefirió mantenerse en el anonimato por temor a represalias.
Sindicatos infiltrados; Cancún, Playa del Carmen, Puerto Morelos, Isla Mujeres y otras zonas del norte de Quintana Roo viven un auge inmobiliario alimentado por inversiones nacionales y extranjeras.
Esto ha hecho del sector de la construcción un jugoso negocio no solo para empresarios, sino también para grupos criminales que han visto en los sindicatos un vehículo para expandir sus redes de extorsión.
Según fuentes consultadas, la extorsión no se limita a las grandes obras turísticas.
También ocurre en residencias particulares, fraccionamientos en crecimiento o proyectos impulsados por extranjeros, donde los sindicatos “imponen” a sus afiliados y cobran derecho de piso.
“Hay semanas que ganan de 3,500 o 4,000 pesos, pero tenemos que dar mil o más al sindicato. Si me niego, me amenazan o me corren. ¿Cómo le hago? Tengo hijos que alimentar”, relata otro afectado.
Punto de partida: el crucero
El parque La Corregidora, en el corazón del crucero de Cancún, se ha convertido en un punto de reclutamiento no oficial.
Ahí llegan trabajadores desde las cinco de la mañana, esperando que algún contratista pase por ellos.
La mayoría no tiene un contrato formal. Basta una credencial de elector para ser contratado, y en muchos casos, ni siquiera eso.
Cada semana, entre 150 y 500 personas acuden a estos puntos. Algunos son empleados de obras hoteleras en Cancún o Playa del Carmen, otros esperan ser enviados a proyectos en la Riviera Maya o Isla Blanca.
Aunque encuentran trabajo, no tienen garantías ni prestaciones. Y sobre sus espaldas cae el peso de las cuotas sindicales impuestas a la fuerza.
Más allá del dinero: drogas y amenazas; Las denuncias también advierten que, en algunas obras, los obreros son obligados a consumir o comprar estupefacientes vendidos dentro del mismo lugar por presuntos integrantes del crimen organizado.
Quienes se niegan pueden ser hostigados, amenazados o expulsados.
“Te venden comida, pero también otras cosas. Si no compras, te hacen la vida imposible. A veces hasta los jefes saben, pero se hacen de la vista gorda”, dice un joven pintor que trabajó en un complejo residencial en la zona continental de Isla Mujeres.
¿Quién protege a los obreros?
Aunque los sindicatos aseguran que su papel es defender los derechos de los trabajadores, en la práctica son pocos los que cumplen con esa misión.
En cambio, según los testimonios, actúan como intermediarios entre los contratistas y los grupos delictivos, cobrando “servicios de seguridad” que no existen, o simplemente usando su poder para imponer cuotas semanales.
Un obrero denunciante asegura que este sistema comenzó a consolidarse durante la administración del exgobernador Carlos Joaquín González, a través de alianzas con mandos de seguridad como Alberto Capella Ibarra y presuntas células delictivas conocidas como “Los Rojos”.
“Desde ese gobierno se abrió la puerta. Ellos sabían, pero no hicieron nada. Ahora los sindicatos son los nuevos capos”, acusó el entrevistado.
Sin denuncias, sin protección
El miedo paraliza. La mayoría de los obreros no denuncia por temor a represalias. No confían en las autoridades, ni en los sindicatos, ni en los contratistas. Saben que, en muchos casos, todos están coludidos.
En tanto, las obras continúan. Los hoteles y desarrollos residenciales avanzan sin freno. Y los trabajadores, sin voz, siguen exponiendo su vida en los andamios, cargando bultos bajo el sol, sabiendo que el salario que les corresponde está fragmentado por cuotas injustas, extorsión y amenazas.
El trabajo de los obreros ha sido piedra angular del crecimiento turístico en Quintana Roo. Pero hoy, ese mismo crecimiento ha permitido que sindicatos corrompidos, en colusión con el crimen, hagan de la necesidad un negocio tan rentable como inhumano.
