Jazmín Ramos
CANCÚN, Q. Roo
El vicepresidente de la Barra de Abogados de Quintana Roo Colegio Profesional A.C., Ángel Ramírez Florescano, aseguró que con el recurso de inconstitucionalidad que presentó la federación a través de la Procuraduría General de la República (PGR) en contra del Congreso Local por la aprobación de las leyes anticorrupción, prácticamente esas modificaciones se vienen abajo.
Explicó que, las quejas que en su momento dieron a conocer organizaciones sociales y partidos políticos, fueron ratificadas por el gobierno federal, al interponer esta acción legal, por lo tanto todos esos nombramiento que se dieron hechos a modo van para atrás, entre ellos Alejandro Lima Carvajal como magistrado numerario, sobre quien pesan 108 juicios en su contra por actos de corrupción.
Mencionó que también, Javier Zetina González, quedaría fuera de la fiscalía que le otorgaron los diputados en una sesión que incluso se dio fuera del recinto legislativo, es decir todo el paquete de impunidad y los nombramientos se vienen abajo.
Comentó que, si bien será la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), quien emitirá el fallo por el recurso de inconstitucionalidad en contra del Congreso de Quintana Roo, está más que claro la postura del gobierno federal que pone en duda la legalidad de esas modificaciones.
Señaló que, prueba de ello, es que Veracruz, ya se desistieron de esas modificaciones y en el caso de Quintana Roo, deberían hacer lo mismo, pero el gobernador Roberto Borge Angulo, al igual que los diputados insisten en mantener es postura que a todas luces es ilegal.
Ramírez Florescano, añadió que hay confianza en que la SCJN falle a favor del gobierno federal para que estas modificaciones que se denominan el paquete de impunidad queden sin efecto.
