CANCÚN, Quintana Roo.- Manuel Palacios Herrera, auditor superior de Fiscalización del estado, reveló que ya hay una nueva denuncia en contra de la administración de Roberto Borge Angulo por un monto de mil 400 millones de pesos, por irregularidades en la contratación de deuda pública para inversión productiva, es decir obra pública que nunca se ejecutó.
Esta denuncia se sumará a una anterior similar que oscilaba por mil millones de pesos.
Comentó que se ha solicitado información y ayuda a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, debido a que se detectaron irregularidades en la contracción de la deuda pública por más de mil 400 millones de pesos, por lo que se realizará la documentación para ser turnada a la Contraloria del estado y que se inicie el procedimiento de denuncias en el ámbito estatal y federal.
Apuntó que se detectaron irregularidades desde la aplicación de los contratos como en el destino final de los recursos, ya que esta deuda pública fue contratada para obra pública productiva que no se ha definido dónde y cómo se aplicó porque no se sabe dónde está el recurso.
Recordó que se tiene una denuncia interpuesta en este mismo sentido por el monto de mil millones de pesos y con las mismas características, por ello es que con estas nuevas revelaciones se suma irregularidades y afectación al erario del estado por dos mil 400 millones de pesos.
El mismo auditor, en conjunto con los diputados, denunció que se tenían irregularidades en las cuentas 2015 y 2016 por más de mil 800 millones de pesos, en las que están involucrados más de 80 ex funcionarios y por las que se emitieron 27 denuncias penales formales y, derivadas de éstas, se generaron detenciones, la última fue la de Ana Alicia Rivera Galera, ex directora de Recursos Financieros de la Comisión de Agua Potable yAlcantarillado (CAPA).
El auditor advirtió que se continuará con los procesos de verificación en todos las cuenta públicas de la pasada administración borgista.
Peces gordos continúan libres
Mientras elementos de la Procuraduría General de la República (PGR) y de la Fiscalía General del Estado se centran en detener a ex funcionarios de “bajo perfil” de la pasada administración estatal, dejan al aire la aprehensión de los llamados “peces gordos” de la era borgista, quienes en conjunto habrían desviado más de cinco mil millones de pesos de las arcas municipales a cuentas personales, de familiares o amigos.
Entre los personajes principales del gobierno pasado y que se espera que sean detenidos están Juan Pablo Guillermo Molina, ex titular de la Secretaría de Finanzas y Planeación; y Mauricio Góngora Escalante, ex alcalde de Solidaridad y ex candidato a la gubernatura por el PRI.
Mauricio Góngora, Ex alcalde de Solidaridad. Desvió 400 mdp
También figuran Gabriel Mendicuti Loria, ex secretario de gobierno; Fernando Escamilla, ex titular de la Secretaría de Infraestructura y Transporte; Claudia Romanillos, ex titular del Instituto del Patrimonio Estatal (IPAE); Luis González Flores, tío del senador Félix González Canto, actual asesor en el municipio de Puerto Morelos y ex secretario de Desarrollo Agropecuario y Rural; así como Juan Pedro Mercader, ex secretario de Seguridad Pública y ex titular del extinto Instituto de Fomento a la Vivienda y Regularización de la Propiedad (Infovir).
juan Pablo Guillermo Molina, ex titular de la Secretaría de Finanzas y Planeación Desvió 220 millones de pesos del Impuesto al Hospedaje.
Gabriel Mendicuti Loría, Ex secretario de Desarrollo Agrícola, Desvió recursos de caminos sacacosechas. Lavó dinero a través de empresas de construcción
Fernando Escamilla, Ex titular de la Secretaría de Infraestructura y Transporte Desvío recursos federales del Auditorio del Bienestar y domos deportivos.
IRREGULARIDADES
Góngora Escalante tiene que comprobar el destino de 400 millones de pesos durante su gestión al frente de la comuna playense, al igual que su ex tesorero, Rafael Castro.
Mercader Rodríguez, como titular del desaparecido Infovir gestó la venta de terrenos de manera irregular a precios por debajo de su valor real.
Una de las más buscadas es Claudia Romanillos, ex titular del IPAE, ya que desde su dependencia vendió terrenos propiedad del estado a costos ínfimos y en donde las pérdidas estimadas al erario público ascienden a más de mil millones de pesos.
Samuel Caamal/ Renán Moguel/Quintana Roo Hoy
