CANCÚN, Q. ROO.- El presidente de la Gran Comisión del Congreso del Estado, Eduardo Martínez Arcila asegura que con la información que tienen hasta el momento se pueden presentar denuncias en contra de los ex funcionarios de la administración pública estatal debido a que hay un quebranto cercano a los seis mil millones de pesos, independientemente de que el SAT, Hacienda y la PGR tienen investigaciones propias en contra del exgobernador, Roberto Borge Angulo.
En 40 días, la actual legislatura ha revertido alrededor de un 50% del total de reformas a las leyes creadas para proteger al ex gobernador, Roberto Borge Angulo; y en otros casos, dijo el diputado, no se han podido modificar porque depende de otras instancias y no del Congreso.
Reconoce que los ciudadanos quisieran ya ver a ex funcionarios “detenidos” ante la serie de presuntas irregularidades detectadas, pero aclaró que el Congreso no es Fiscalía General ni es el Poder Judicial, sino es un ente fiscalizador y está encargado de hacer las reformas en forma “cuidadosa” a fin de combatir “el paquete de impunidad”.
Aclaró el legislador panista que no es necesario revertir al cien por ciento el paquete de impunidad para actuar contra los exfuncionarios que cometieron irregularidades, sino que con la información de que disponen y lo que se ha avanzado, dijo que hay elementos para exigir a las autoridades la consignación de expedientes ante un Juez.
“Creo que sí hay posibilidades reales de que exfuncionarios vayan a la cárcel, no sólo está el tema de la investigación que estamos haciendo sino que hay investigaciones federales sobre los exfuncionarios, empezando por el gobernador Roberto Borge, hay investigaciones del SAT, Hacienda, la PGR; y al Congreso también nos corresponde poner nuestra parte, que es lo que estamos haciendo”, dijo tras insistir en que es necesario presentar todos los elementos para que la Fiscalía General consigue expedientes ante los juzgados y castigue a los exfuncionarios.
De los 16 ex secretarios del gabinete de Roberto Borge, indicó que en la mitad hay irregularidades. Citó por ejemplo que la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado desconoce qué se hizo con el préstamo por 500 millones de pesos que solicitó; y tampoco se sabe dónde quedaron mil millones de pesos que entregó Aguakan como prestación al obtener la concesión en Solidaridad.En el caso de Sefiplan, dijo en broma el legislador que no dejó nada el extitular, Juan Pablo Guillermo. (Virginia Prospero / QUINTANA ROO HOY)
