CANCÚN, Q. Roo.- La Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI) en Cancún anunció que pondrá nuevos candados para evitar la comercialización de las 9,500 hectáreas de terrenos propiedad del gobierno del estado que el ex gobernador Roberto Borge Angulo comercializó entre familiares y amigos.
Cabe recordar que el martes pasado, el secretario estatal de la Gestión Pública en Quintana Roo, Rafael Antonio del Pozo ofreció una conferencia de prensa en la que anunció demandas en contra del ex gobernador Roberto Borge Angulo por haber dilapidado patrimonio del estado de Quintana Roo equivalente a seis veces la superficie de la zona hotelera de Cancún o 24 veces las dimensiones de Isla Mujeres para beneficiar a familiares cercanos, empleados o allegados de su familia.
El funcionario también señaló como responsable a la ex titular del Instituto del Patrimonio Inmobiliario de la Administración Pública (IPAE), Claudia Romanillos Villanueva por la venta de estos terrenos que por ley debieron ser empleados en desarrollo social o desarrollo de vivienda, pero por el contrario se enajenaron a particulares.
Wexford James Tobin Cunningham, dirigente de AMPI en Cancún, dijo que se tendrán que hacer revisiones minuciosas en todas las transacciones inmobiliarias de todo el estado para evitar comercializar terrenos que hayan pertenecido al IPAE.
Esto tiene la finalidad de evitar “la venta de problemas” a quienes estén interesados en adquirir propiedades que en el corto o mediano plazo se verán envueltas en largos litigios, pues el gobierno del estado anunció que buscará recuperar toda esa reserva territorial que nunca debió ser enajenada a particulares.
Primero solicitarán al IPAE información para identificar las propiedades que se vendieron de manera ilegal a particulares, las cuales no entrarán en el inventario de venta de AMPI; en el caso de transacciones que eventualmente ya estén en proceso, se deberá verificar el historial de esos terrenos en el Registro Público de la Propiedad para identificar aquellas que pertenecieron al IPAE e inmediatamente cancelar la venta.
“Cuando se vende por debajo del precio de mercado, hay responsabilidades hacendarias, civiles, y seguramente habrá responsabilidades penales. Definitivamente no queremos promover este tipo de terrenos porque es promover un problema”, aseguró.
En entrevista aparte, el presidente de la Barra de Abogados de Quintana Roo, Luis Armando Ezquiel Orozco, dijo que incluso se podrían fincar responsabilidades no sólo para las autoridades involucradas en la dilapidación del patrimonio estatal, sino que incluso podría configurarse el delito de colusión en aquellos casos de funcionarios o allegados del gobernador que adquirieron esos terrenos a precios que incluso llegaron a los 1 peso por metro cuadrado.
Exigen transparencia a notarios
Jurídicamente se tiene que ser respetuoso de las facultades legales que está llevando a efecto el Gobierno del Estado en cuanto a las investigaciones en el tema de las transacciones en bienes patrimoniales en dónde algunos Notarios pudieran verse involucrados, así lo expresó Edgar Ordóñez Durán Notario Público Número 79.
Los notarios deben realizar sus actividades apegadas al marco de la legalidad, con estricta transparencia, afirmó tras agregar que espera que se aplique la ley.
Cabe recordar que muchos de los bienes enajenados por el anterior gobierno, se vendieron por debajo de su valor real.
Entrevistado en el marco del evento “Empresarios con causa” en la ponencia de “Planeación Patrimonial” el entrevistado dijo no estar preparado para hablar del tema, ya que de hecho no está en su exposición, por lo que omitió dar más detalles al respecto. (Jesús Vázquez / QUINTANA ROO HOY)
